Lima, Perú (Spacio Libre).- Tras la denuncia periodística sobre el pago irregular de S/. 35 millones de la Municipalidad de Lima a la empresa Comunicore en agosto de 2010, la vocera del “Sí” a la revocación, Patricia Juárez, fue encargada con una investigación administrativa a tres funcionarios municipales involucrados en el caso. Empero, a los cinco meses tan sólo elaboró un expediente de 21 páginas y sin conclusiones.
Fue el 3 de agosto de 2010 cuando el entonces alcalde metropolitano Luis Castañeda Lossio envió un memorándum para iniciar procesos disciplinarios administrativos a los funcionarios referidos: el ex gerente municipal Carlos Chávez Málaga, el ex gerente de Finanzas Juan Blest García, y el ex gerente de Servicios a la Ciudad Carlos Asmat Dyer.
Tal solicitud se hizo a Patricia Juárez Gallegos, entonces presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel, y que en el presente visitó al ex alcalde tres días antes del debate entre las dos posiciones sobre la revocación de Susana Villarán.
“Con el doctor Castañeda sostenemos una amistad que data de hace muchos años. Ha sido compañero de estudios de mi esposo; yo milito en Solidaridad Nacional desde hace 14 años”, fueron sus declaraciones al respecto hace unos días.
Pretextos
Volviendo al pasado, el 11 de agosto de 2010, la comisión presidida por Juárez para la investigación de los funcionarios vinculados al caso Comunicore emitió el acta Nº 049-2010-CEDAPAN, donde se abstenían de investigar al ex gerente Carlos Chávez por haber ejercido tal cargo, afirmando además que debía nombrarse un grupo ad hoc conforme al Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios.
Además, indicaron que era necesario pedir información personal pertinente para la investigación sobre los otros dos funcionarios que les permitiera pronunciarse sobre su actuación, y que esta debía solicitarse a la Asesoría de la Gerencia Municipal Metropolitana y al Área de Administración y Control de la subgerencia de Personal.
Una decisión inusualmente rápida, dado que según el acta, la sesión tomó plazo entre las 10:50 a.m. y las 11:05 a.m., tan sólo 15 minutos.
Con demora
El 12 de agosto de 2010, Juárez envió dos oficios solicitando a las dos direcciones municipales mencionadas los historiales laborales de Blest García y Asmat Dyer en la Municipalidad Metropolitana.
El 19 de agosto, el Área de Administración y Control de la subgerencia de Personal entregó a la Comisión Investigadora documentación con los cargos que ocuparon los funcionarios al darse las irregularidades del caso Comunicore.
La Comisión volvió a reunirse para ver el tema el 1º de setiembre, por 10 minutos, tras lo que sólo se acordó tener presente la información laboral que les entregaron al momento de pronunciarse.
La siguiente reunión se dio el 27 de octubre, donde el único punto acordado fue reiterar el pedido de información a la Gerencia Municipal Metropolitana sobre ambos funcionarios investigados.
Nótese que hasta ese momento ya habían pasado 3 meses desde que fuera asignada la misión de investigar a estos funcionarios, pero no se mencionó para nada la necesidad de formar la comisión ad hoc para investigar a Carlos Chávez, a quien se excusaron de evaluar.
A última hora
La comisión ad hoc propuesta para investigar al ex gerente municipal Chávez Málaga fue nombrada recién el 18 de noviembre de 2010, designándose su presidencia en Patricia Juárez. La resolución fue suscrita por alguien cercano a Castañeda: el teniente alcalde Marco Parra. Para este momento ya se había proclamado como alcaldesa electa a Susana Villarán.
En diciembre, las dos comisiones presididas por Juárez hicieron dos pedidos más antes del fin de la gestión de Castañeda, sin respuestas. El 29 de aquel mes, la vocera del “Sí” envió un último documento con carácter “urgente”, que no fue respondido tampoco. Así concluyó la “investigación” del caso Comunicore, sin resultados.
Claves
En setiembre de 2005, la Municipalidad de Lima acordó pagar una deuda de 35 millones de soles en 10 años a Relima por servicios de limpieza pública, y la empresa Comunicore compró tal monto a fines de ese año por S/. 14.5 millones. Un mes después, el municipio canceló toda la deuda en una sola cuota, tras lo que Comunicore se desvaneció.
La investigación periodística que se dio después reveló que los miembros de la empresa fantasma eran personas de bajos recursos, apareciendo después nuevas señales que vinculaban a ex funcionarios de la Municipalidad de Lima con el pago dado. El caso se encuentra en la Sexta Sala del Poder Judicial.
Con información de La República.
Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
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Francisco Pérez García