Por: Alexander Bazán Larco (*)
Columnista invitado
Los que superamos los treinta años recordaremos aquella serie de televisión producida por la cadena estadounidense ABC, coprotagonizada por Tony Danza y Judith Light, transmitida para Latinoamérica con el título “¿Quién manda a quién?”, una pésima traducción del original “whos`s the boss”, que desarrollaba la historia de Tonny Mazelli (interpretado por Danza), un padre viudo y desempleado que llegaba a Connecticut junto que su menor hija Samantha (Alyssa Milano) buscando empleo en la casa de Ángela Bower (Judith Light), una reconocida publicista divorciada que vivía con su mejor hijo Jonathan (Danny Pintauro) y su madre Monna (Catherine Helmond). Lo peculiar de la serie era que Tonny, quien debía asumir el rol de trabajador doméstico en la casa Bower, se transformaba capítulo a capítulo en el jefe de la familia y en la imagen paterna de Jonathan; mientras que Ángela, quien era la fuente de ingresos económicos del hogar, comenzaba a desarrollar un sentimiento personal hacia su empleado doméstico. El objetivo de los guionistas era evidente: provocar que la teleaudiencia se preguntara constantemente quién era el jefe.
Si esa misma pregunta se la formuláramos a un accionista, al gerente general o al gerente comercial de un medio de comunicación la respuesta más probable sería que quienes deciden el destino de la empresa son los accionistas, el directorio y la gerencia, mientras que el contenido informativo se encuentra en manos de los periodistas. Pero, siendo sinceros ¿son realmente así las cosas?, ¿qué pasa cuando el contenido informativo afecta los intereses empresariales del medio?, ¿qué sucede cuando una investigación periodística afecta a un anunciante, a un proveedor, a un acreedor, a la gerencia, a los accionistas o a algún personaje político amigo de estos?, ¿se respetará la libertad de los periodistas para informar, incluso si esta afecta “el bolsillo” del medio?, ¿será que finalmente el jefe es el jefe?
La libertad de información es, indiscutiblemente, uno de los pilares que sirven de soporte a la democracia, toda vez que a través de la información veraz una nación puede servirse de todo aquello que le permita formar opinión pública para la toma de decisiones. Con información veraz se eligen y se expulsan presidentes, se destapan corrupciones, se evita la guerra y se cimenta la paz, se evitan injusticias, se salvan vidas, se identifican a los responsables de graves delitos, se limpian honras, pero, sobre todo, se dignifica a la persona, empoderándola como centro de la toma de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. Con información veraz se protege y se afirma la dignidad humana y se resguarda el orden democrático.
Por otro lado, nuestra constitución establece que toda persona tiene el derecho fundamental de fundar medios de comunicación y que la iniciativa privada es libre, en una economía social de mercado, lo que permite en la práctica que quienes detentan el capital sean los que tomen las decisiones, lo cual, finalmente, no resulta ilegítimo. Entonces ¿cómo evitar que la información quede sujeta a los intereses económicos de los dueños de los medios o sus gerentes?, ¿cómo permitir que el capital pueda llegar a los medios de comunicación para que la actividad informativa puede desarrollarse sin ser afectada negativamente?, y teniendo en cuenta ambas interrogantes ¿cómo hallar un equilibrio entre interés comercial e interés informativo?
La convivencia pacífica entre capital legítimo e información veraz es posible, en tanto los propietarios del capital entiendan que la mejor manera de que su negocio de comunicaciones rinda utilidades es empoderándolo como un medio honesto, independiente, plural y respetuoso de la libertad de conciencia de sus periodistas, bajo la cual se guían, tomando en cuenta además que al ser la libertad de información uno de los principales soportes de la democracia y al ser la democracia la garante del estado de derecho y por tanto del libre mercado, es irremediablemente necesario que el mercado se encuentre al servicio de la información y no al revés.
La actividad empresarial en los medios de comunicación será legítima en tanto ella obedezca a la idea de facilitar los recursos necesarios para garantizar un ejercicio informativo libre y, a la vez, sin que ello sea censurable, a generar ingresos para sus propietarios.
El capital no es reñido a la actividad informativa, en tanto este no la instrumentalice para logar únicamente fines económicos. No se trata de un ideal utópico, se trata de una practica posible de desplegar en tanto quienes sean los propietarios del medio entiendan que la mejor garantía del éxito comercial es precisamente garantizar la independencia editorial y el libre actuar de los actores del proceso informativo. El público favorecerá con su preferencia al medio que cumpla con estos ideales.
Es posible hacer negocio y general riqueza siendo honestos y leales con la democracia, la cual, finalmente, resulta ser la “jefa” en esta historia, pues todos debemos de estar subordinadas a ella, y para que la jefa pueda ejercer su mandato he aquí algunas recomendaciones para los empresarios de los medios de comunicación:
– Debe de existir correspondencia entre la línea editorial del medio y la misión de la empresa. Sería imposible hablar de actividad informativa veraz e independiente cuando la misión del medio, como empresa, pone por encima de todo la generación de riqueza para los accionistas.
– La conducción periodística del medio deberá de recaer en un profesional de la información. El periodismo es un oficio al servicio de la verdad, su ejercicio requiere de personas que lo conozcan profesionalmente. Si bien la actividad periodística puede ser ejercida por cualquier persona, profesional o no, la conducción del medio debería de recaer en alguien que tenga los conocimientos y la experiencia suficientes para repeler cualquier intento de intromisión en la línea informativa por parte de los propietarios del medio.
– El medio deberá de contar con una declaración de principios periodísticos, un código de ética y un manual de estilo, en el que se trasladen materialmente los principios y reglas que contribuyan a un adecuado ejercicio informativo, en especial en lo referido a la independencia que debe de existir entre interés comercial e interés informativo.
– Los periodistas deberán de contar con un contrato laboral escrito, sin plazo fijo, con pacto expreso de cláusula de conciencia indemnizatoria y protección del secreto profesional.
– El organigrama del medio no podrá someter, en línea jerárquica, a los periodistas bajo la gerencia. En este caso, los periodistas responderán únicamente frente al director periodístico, incluso para los casos de impartición de sanciones.
La actividad informativa no puede estar sujeta a las indefiniciones de la casa Bower. La independencia de la actividad periodística frente la comercial debe estar claramente definida, estando todos conscientes de que la única jefa y la única que manda es, finalmente, la democracia.
(*) Abogado, docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza
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