Por: Eduardo Gudynas
Especial para Spacio Libre
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló lo que posiblemente fue la iniciativa ambiental más original de los últimos años en América Latina: impedir la explotación petrolera en la Amazonia. En su formulación más reciente, el gobierno ofrecía no extraer hidrocarburos solo si se completaba un fondo de compensación económica que cubriera aproximadamente la mitad de lo que esperaba ganar vendiendo ese crudo. Se buscaba preservar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (de allí la sigla ITT), que en parte se superponen con el parque nacional y reserva de biósfera Yasuní, una de las zonas de mayor riqueza ecológica del continente.
Después de seis años de idas y venidas, Correa canceló la iniciativa este jueves 15 de agosto, para dar paso al llamado “plan B”, que permite la explotación petrolera en la zona. En un discurso por cadena nacional, se despachó con ácidas críticas al ambientalismo, sostuvo que la comunidad internacional era hipócrita y le falló al país, e invocó repetidamente la miseria como factor clave para tomar la decisión de exportar el petróleo. Según Correa, con ese petróleo del Yasuní se conseguirán más de 18 mil millones de dólares, y que con ello, la Amazonía podría salir con “holgura” de la pobreza.
Dentro de Ecuador, la medida ha despertado la reacción de organizaciones ambientalistas, y las federaciones indígenas ya anticiparon su oposición activa. Según las últimas encuestas de opinión pública, más del 90% de la población urbana estaba en contra de extraer petróleo del ITT Yasuní. Asimismo, distintas voces invocan el marco constitucional para llamar a una consulta ciudadana sobre ese tipo de explotación.
Esta medida ecuatoriana tendrá efectos sobre los países vecinos. Al desaparecer una de las propuestas icónicas de una alternativa postextractivista, se refuerzan los avances mineros y petroleros dentro de áreas naturales y territorios indígenas. En países como Bolivia, Perú y Colombia se repiten las presiones para comenzar a explotar áreas silvestres o tierras en manos de indígenas o campesinos.
Frente a esos intentos, en más de una ocasión se presentaba el concepto de “Yasunizar” como ejemplo ecuatoriano de detener el extractivismo y un compromiso con la conservación. Al desplomarse la iniciativa, los gobiernos vecinos reforzarán similares discursos donde se dice que no hay más opción que el extractivismo para superar la pobreza. Hemos entrado en una etapa de “des-yasunizar”.
Dineros sobre los derechos
La propuesta de dejar el crudo bajo tierra nació desde la sociedad civil mucho antes de la presencia política de Correa, y fue rescatada hacia 2007, por Alberto Acosta, quien era entonces su ministro de energía. En sus orígenes, la propuesta apuntaba a proteger la biodiversidad y pueblos indígenas dentro del área, cumpliendo con los nuevos derechos constitucionales ecuatorianos. Por lo tanto era una medida para asegurar tanto derechos humanos, como muy especialmente, los derechos de la Naturaleza, una de las originalidades en esa Constitución.
A esos argumentos se sumó la idea de una compensación económica, solicitada a la comunidad internacional como muestra de solidaridad con el esfuerzo ecuatoriano. El problema es que ese componente económico cobró cada vez más fuerza. Se sostenía que como el Ecuador perdería mucho dinero al dejar de exportar el petróleo, los demás países lo deberían compensar con al menos la mitad de esos valores (unos 3 600 millones de dólares).
Al avanzar el tiempo, el compromiso con la conservación y los pueblos indígenas quedó en segundo plano, y el interés económico comenzó a ser justificado en el marco de los debates sobre cambio climático global. Las posturas más recientes del gobierno sostenían que al preservar el petróleo, éste no sería quemado, y por lo tanto se evitarían emisiones de gases con efecto invernadero. Consecuentemente la comunidad internacional debía pagar por esas emisiones evitadas, e incluso se intentó crear “bonos” atados a la reducción de emisiones contaminantes.
Estos cambios dejan en claro que Correa, y sus colaboradores más cercanos, en realidad nunca entendieron el corazón de la propuesta. Eran los mandatos constitucionales de los derechos de las personas y la Naturaleza los que le obligaban a preservar. Pero para cualquier observador desapasionado es evidente que es muy difícil pedirle dinero a otras naciones por llevar a la práctica acciones a las que está obligado un gobierno. Para decirlo en forma más simple, es como si Perú o Bolivia, pidiera una compensación internacional por los gastos que deberían asumir para asegurar la salud o educación de sus niños.
Como primaron las consideraciones económicas, no puede sorprender que los atributos ecológicos del Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, quedaran desatendidos. Por ello estuvieran ausentes en el discurso presidencial. Estamos presenciando como desde el gobierno se están haciendo desaparecer los derechos de la Naturaleza. Esto lo dejó en claro el mismo Correa, cuando al final de su discurso se refirió a ellos como “supuestos derechos”.
De esta manera, la decisión final no se fundamentó en el marco de los derechos, sino que se articuló como un ejercicio costo beneficio: como el fondo internacional de compensación resultó muy pequeño, lo más rentable era comenzar a vender el stock petrolero. Aquel fondo de compensación sólo recaudó en efectivo poco mas de 13 millones de dólares, y existían promesas por 116 millones, o sea, muy por debajo de los 3 600 millones esperados. El gobierno hizo las cuentas, y partiendo de reservas calculadas en la zona son de 920 millones de barriles, Correa prometió un ingreso de más de 18 mil millones. Son las matemáticas simples de un análisis costo beneficio.
Los impactos en Sudamérica
La decisión de Correa tendrá implicancias en el contexto continental de variadas maneras. Comencemos por señalar que se sigue intentando cambiar el marco de debates ambientales. En efecto, al colocar la propuesta de moratoria petrolera como un asunto de cambio climático, se privilegia el contexto internacional frente a las urgencias nacionales.
Es la misma perspectiva utilizada por Evo Morales, quien lanza discursos muy radicales en los foros internacionales sobre cambio climático y propone derechos de la Pacha Mama planetarios, pero no atiende ese mismo compromiso dentro de su propio país. En Bolivia no se atacan decididamente, por ejemplo, las fuentes de emisiones (como la deforestación) o se aseguran los derechos de la Pacha Mama a nivel local (por ejemplo frente a mineras o petroleras). Por el contrario, la administración Morales quiere ingresar a áreas protegidas o territorios indígenas y campesinos para explorar y explotar minerales y petróleo, y concibe las reglas de participación y consulta como una traba.
De alguna manera, el camino seguido por Correa es similar. Su discurso se centró en el cambio climático y la hipocresía global, pero no en las demandas ambientales dentro del país. Siempre es más sencillo atacar a los países industrializado como contaminantes, que tomar medidas frente a los intereses internos que defienden el extractivismo.
Regresan actividades de exploración y explotación, con todos sus conocidos impactos ambientales a zonas amazónicas de enorme diversidad, y con ello toda la problemática social. Se siguen encogiendo las áreas verdaderamente silvestres.
Paralelamente, si un gobierno autoproclamado como del socialismo del siglo XXI o de la nueva izquierda, redobla la explotación petrolera más allá de advertencias sociales y ambientales, otros países vecinos que siguen caminos similares podrán decir que son tan progresistas como Correa. Sin duda hay muchos ojos que desde Lima miran lo que acaba de suceder en Quito, ya que todo esto les sirve para redoblar su apuesta extractivista en la Amazonia.
Con todo esto se refuerza el corazón ideológico del fatalismo extractivista como único medio para atacar la pobreza. Son posiciones que se repiten en casi todos los países sudamericanos. Se está imponiendo una forma de entender el desarrollo, donde volvemos a caer en el papel de simples exportadores de materias primas, y la explotación de la Naturaleza no sólo es necesaria, sino que se la presenta como un mandato para asegurar el progreso. Las diferencias ideológicas de fondo se desvanecen, las derechas e izquierdas se asemejan, y sólo discuten quién manejará los taladros que perforarán las entrañas de la Amazonia.
El video del discurso del presidente R. Correa está disponible aquí…
https://www.dropbox.com/s/iuiep2kkkikug5p/Discurso%20Pdte%20Correa%20-%20Yasun%C3%AD.mp4
Sobre el autor
