Por: Yorka Gamarra Boluarte
La bien planificada estrategia aprista para desvirtuar el trabajo de la Megacomisión, ha dado resultados medianos para los interesados en detener las investigaciones al segundo gobierno de Alan García. Un triunfo a medias.
Han manejado y manejan varios frentes: La Fiscalía de la Nación que ya archivó más de 28 casos de posible alta corrupción, entre ellos Business Track, y otras fiscalías de menor rango, que han archivado el caso de la autoindemnización de Fernando Barrios con S/.198 mil por dejar EsSalud para irse al Ministerio del Interior, entre otros, fue el más expeditivo.
Otro frente ha sido el ataque directo a la Megacomisión que con la sentencia del 5to Juzgado Constitucional de Lima ha dado el último de sus golpes.
Planteadas así las cosas y, siendo este un bien llevado ataque de la corrupción al país, cabe al Congreso de la República, respaldar a la Megacomisión y eventualmente ampliarle el plazo para las investigaciones que falten.
Esta no es una avanzada contra la Megacomisión solamente, sino, una maquinaria muy bien estructurada y aceitada para frenar la lucha contra la corrupción que se está volviendo a articular con Julio Arbizu en la Procuraduría Anticorrupción y Sergio Tejada en la Megacomisión.
Su idea es generar caos, distraer, banalizar el trabajo de la Megacomisión, hacerla ver como innecesaria, accesoria, ponerla en entredicho y finalmente desaparecerla. Son sus aliados naturales los partidos de otros ex presidentes cuestionados, aliados activos o no pero, con más identidad entre ellos que con la lucha contra la corrupción.
Es hora de no perder la iniciativa, no bajar la guardia.
El Gobierno ha anunciado que iniciará un segundo paso en el Diálogo Nacional al que ha convocado a los diversos sectores políticos del país, dará marcha a las mesas técnicas. Una muestra de su respaldo a la lucha contra la corrupción sería que éste sea tema de primer orden en estas conversaciones y tomar acciones concretas, con plazos fijos y resultados medibles. Hay partidos que son parte de éstas y que tienen directo interés en relativizar la lucha contra la corrupción. El Gobierno sólo tiene dos opciones: o respalda lo avanzado en este terreno, o pone en bandeja la cabeza de quienes tienen a su cargo la Procuraduría Anticorrupción y la Megacomisión.
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