Ginebra (Spacio Libre/AFP/Radio Paris). – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó este martes a Perú a consultar los indígenas sobre la explotación de la Amazonia, al tiempo que se congratuló por la reciente suspensión de los dos decretos que originaron los recientes disturbios en el noreste del país.
La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT expresó asimismo «su grave preocupación» por los disturbios del pasado 5 de junio en la Amazonia, que dejaron al menos 34 muertos, y llamó «a todas las partes a abstenerse de ejercer la violencia», en sus conclusiones a las que tuvo acceso la AFP.
Tras estos enfrentamientos, la OIT, que celebra en Ginebra su conferencia anual, recordó «la obligación del Gobierno de establecer mecanismos apropiados y efectivos para la consulta de los pueblos indígenas y su participación, que es piedra clave del Convenio» sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por Perú en 1994.
«La Comisión insta al Gobierno a que establezca inmediatamente el diálogo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas en un clima de confianza y respeto mutuo», añadió el documento, aprobado a última hora del martes.
Asimismo, la OIT «instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que sin demora ponga la legislación y la práctica nacionales en armonía» con el Convenio sobre derechos indígenas y tribales, ratificado por las autoridades peruanas en 1994.
La comisión, que lamentó que Perú «lleve unos años» sin dar respuestas a las peticiones del Comité de expertos (independiente), llegó a estas conclusiones después que dos decretos que autorizaban explotaciones en la Amazonia, que son resistidas por los indígenas, originaron los enfrentamientos del 5 de junio.
De hecho, la comisión «se congratuló de la reciente suspensión por el
Congreso de los decretos legislativos 1064 y 1090 y del establecimiento (…) de un grupo nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonia».
Al mismo tiempo, «exhortó al Gobierno a que haga mayores esfuerzos para asegurar que no se aplique ni promulgue ninguna legislación relativa a la exploración o la explotación de recursos naturales sin consultar previamente a los pueblos indígenas afectados por esta medidas».
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