Lima, Perú (CNR).- Una serie de observaciones envió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado Peruano, con respecto al cumplimiento del Convenio 169, entre las que se exige el cese de las explotaciones en terrenos de la Amazonía.
Así lo informó la presidenta del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, Marleni Canales, quien saludó este hecho e hizo una llamado al Estado a cumplir con lo que recomienda la OIT.
Recordó que, el año pasado, el organismo internacional ya había formulado recomendaciones al Perú, pero éstas no fueron tomadas en cuenta por el régimen de turno. Ante ello, las organizaciones nacionales que representan a diversas comunidades indígenas solicitaron, por medio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la OIT volver a enviar un pliego de observaciones al Perú.
La sexta observación – precisó Canales – está relacionada al uso de los recursos naturales y la aplicación de políticas extractivas en las zonas indígenas. En tal sentido, la OIT sostiene que en base a los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio 169, se debe suspender las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados.
Canales señaló que el gobierno debe detener todos los trabajos que se hacen en las zonas en discusión, ya que ninguna fue consultada antes a las comunidades nativas. “De no hacerlo, las comunidades pueden ir a las instancias nacionales o a las internacionales”, dijo.
Sobre los hechos ocurridos en Bagua el año pasado, la OIT señala que se instale una verdadera comisión que sea imparcial y que pueda hacer una investigación seria, ya que “los resultados arrojados por la comisión oficialista no fueron consideradas imparciales”.
Así mismo, la OIT establece que las causas de todo lo ocurrido en Bagua y de los conflictos ambientales y socioculturales que se viven en el país son por la implementación de los tratados de libre comercio y las políticas de explotación del gobierno.
Del mismo modo, las recomendaciones tienen cuatro puntos relacionados a la consulta y participación de las comunidades indígenas y nativas en los espacios donde se toman decisiones.
“Invocamos a la sociedad en general y a las autoridades de que armonicen la norma internacional a la norma nacional. El gobierno no ha tomado el mismo interés de armonizar con la norma nacional como con la misma velocidad e interés que cuando se trata de una norma internacional. Lo que pasa es que no hay voluntad política”, acotó.
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