Lima, Perú (Spacio Libre).- Un dato interesante en la nota publicada hoy por el diario «La República» respecto a la vista del caso «Madre Mía» en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que involucra al presidente Ollanta Humala, es que la denuncia fue presentada en junio del año 2010.
En declaraciones al diario, el exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, aseguró que la denuncia se presentó en esa fecha, toda vez que la justicia peruana «le negó a los familiares de las víctimas la posibilidad de encontrar justicia en el fuero interno».
Con este dato, se trae abajo la posición del vocero de Gana Perú, Freddy Otárola y de algunos periodistas interesados en alejarnos del sistema supranacional de justicia, respecto a que la denuncia forma parte de una movida política de los «caviares» luego que Humala tomara un rumbo distinto a lo prometido en campaña.
Como se sabe, estas versiones se manejan, luego que en el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial, el colectivo de organismos de derechos humanos, se mostrara a la «expectativa» de las aclaraciones que pueda hacer Ollanta Humala sobre su participación en los hechos del caso «Madre Mía» donde se torturó a pobladores y se denunció la desaparición de Benigno Sullca y su esposa Natividad Ávila en 1992.
En ese momento, Humala Tasso fue reconocido por sobrevivientes y familiares de desaparecidos en esta zona del Huallaga como el «Capitán Carlos», jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía y que habría liderado las operaciones de tortura, secuestro y posterior desaparición de algunos pobladores acusados de terrorismo.
Durante la segunda vuelta electoral, frente al panorama de elegir entre Humala y Keiko Fujimori las ONGs de derechos humanos se pusieron «en guardia», esperando aclaraciones que nunca llegaron a ser concretas, pero pese a ello se apoyó la lucha contra la candidata Fujimori a favor del hoy presidente de la República.
En una columna reciente, Aldo Mariátegui asegura que esta demanda pone contra las cuerdas al Estado Peruano al tener como objeto de la denuncia a quien hoy es presidente de la Nación y esto se debería, según el director de Correo a una factura pasada por las ONG y sectores de izquierda que no le perdonarían a Humala haberlos dejado de lado con relación a una serie de promesas.
Sin embargo, recordar que la denuncia fue presentada en junio de 2010, lejos de la campaña electoral, desarma la segunda intención de una columna que pretende ser oficialista: alejar a Perú del sistema interamericano de derechos humanos, tal como lo hizo Fujimori en su momento más autócrata.
Los errores judiciales en «Madre Mía»
En La República, Ronald Gamarra señala que pese al reconocimiento que Benigno Sullca y su esposa Natividad Ávila fueron detenidos por efectivos militares de la base de Madre Mía, en junio del 2009 la Sala Penal Nacional indicó no es posible determinar quién cometió el crimen.
«El fallo señaló que más bien había elementos probatorios para no responsabilizar al ex jefe de la base de Madre Mía, y hoy Presidente de la República, Ollanta Humala», señala el diario.
Seis meses después, la Corte Suprema confirmó esta sentencia y archivó el caso, argumentando que hay declaraciones que confirman que Humala no estuvo en la zona cuando se produjeron los hechos.
«Esta misma resolución consigna que el Ejército y el Ministerio de Defensa no dieron información sobre el personal militar destacado en Madre Mía, salvo el caso de Humala. La Suprema recomendó entonces no continuar con las investigaciones y ordenó archivar el proceso.
Gamarra precisó que la denuncia que presentó cuando era secretario ejecutivo de la Coordinadora dice claramente que el Estado peruano vulneró el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y acceso a la justicia de las víctimas».
«No es una denuncia contra Ollanta Humala sino contra el Estado peruano por negar el acceso a la justicia a las víctimas. Decimos que el Estado peruano no investigó lo suficiente los hechos de Madre Mía», refirió.
Explicó que este caso sigue su proceso en la CIDH, y que en este momento se evalúa si cumple con los requisitos de forma, como verificar si se presentó en el plazo establecido, entre otros aspectos. «Recién en dos años más se sabrá si admiten la demanda por el caso Madre Mía», comentó.
Por: Francisco Pérez García / @spaciolibre
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