¿Puede un funcionario o autoridad pública, o una institución estatal bloquear a una persona en redes sociales solo por un comentario o crítica? El caso Iriarte vs Cateriano nos da unas luces al respecto.
Por Luis Pacheco Quispe
@luispachecoq
Toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. (Artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú).
Luego de observar que el acceso a la información es un derecho constitucional de todos los peruanos, antes de la quincena de noviembre el Tribunal Constitucional podría dar un precedente al establecer las reglas sobre el uso las redes sociales en las instituciones públicas.
Erick Iriarte, abogado e implicado directo en el caso, conversó con Spacio Libre y nos brindó más detalle sobre este tema.
Así fue el bloqueo
Cuando Pedro Cateriano fue primer ministro bloqueó en su cuenta de Twitter a Erick Iriarte. Esto conllevó a una serie de acciones legales por parte del afectado quien manifestó que se violó su derecho a la información pública. “Pedro Cateriano, como portavoz del gobierno, usaba un instrumento: su cuenta de Twitter para dar información sobre actos del gobierno, decisiones, políticas públicas, etc. Todo esto entra dentro de la esfera del acceso a la información pública y la transparencia”, señaló Iriarte, en ese momento.
Ahora, Iriarte continúa firme en su afirmación. “Si no dan la información solicitada se puede recurrir al Tribunal de Transparencia que pertenece al Poder Judicial. Es un control por parte de la ciudadanía hacia las autoridades que ha elegido”, remarcó el abogado.
Cabe recordar que la información que poseen las autoridades está financiada por los fondos públicos, es decir, con el dinero de todos nosotros. Los facilitadores (autoridades o administradores de las instituciones públicas) no tienen potestad para impedir el acceso a la información pública.
Si no me gusta, te bloqueo
Actualmente, existe una larga lista de funcionarios públicos —el alcalde de Lima está entre los que lideran la lista— que bloquearon de su cuenta Twitter, a diestra y siniestra, a tal o cual ciudadano que no estuvo de acuerdo con su pensamiento; ciudadanos que se atrevieron a criticar y opinar sobre algún hecho político.
“Cateriano me bloqueó y según él no se acuerda. Esto ocurre usualmente porque las críticas pueden no estar acorde con sus poderes. Y eso que fui cuidadoso con mis expresiones hacia él. Luego hice una acción de amparo porque quería acceder a la información de un funcionario público”, dijo Iriarte.
Además, el abogado señaló que no debemos confundir a los funcionarios con los servidores públicos. “Ambos son pagados por el Estado, pero sus funciones son diferentes; el primero es de gestión, de dirección, y el segundo solo es una pieza que no decide, en líneas generales”, añadió.
El tuit como fuente de información
Hace pocos días fuimos testigos del ‘poder’ del Twitter cuando Mercedes Aráoz aceptó la renuncia de Aníbal Sánchez (exjefe del INEI) por esta vía. ¿Podría catalogarse eso como una acción gubernamental? La cosa es que muchas autoridades ya la utilizan. Hay unos más actualizados que otros.
Iriarte finalizó la entrevista manifestando que las cuentas institucionales públicas no deberían bloquear a los ciudadanos. “Si existiera el recurso de que hay expresiones agresivas, cuentas anónimas, ‘trolls’; se les puede silenciar, pero no bloquear porque todos deben tener acceso a la información. Pero como no hay reglas establecidas todos hacen lo que quieren”, añadió.
Transparente como el agua
“El derecho a la información, si se implementa correctamente, permite un diálogo entre el público y sus gobernantes, cultiva la buena gobernanza y promueve la rendición de cuentas al empoderar a los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en general con la información que requieren para luchar contra la corrupción y actuar como vigilantes contra abusos por parte de las autoridades.
Cuando la transparencia reemplaza los secretos y el poder se expone al escrutinio público, los abusos se pueden frenar, la opinión pública se puede incorporar, y el Estado puede rendirle cuentas al interés público”, Toby Mendel, especialista internacional en temas de Libertad de Expresión – UNESCO.
