El caso ha sido archivado, pese a que el atestado policial señala, entre otras cosas, que el exceso de velocidad y el agotamiento físico del conductor de la empresa Costeño, fueron los causantes del accidente. Sin embargo, para la fiscal provincial de Cañete Elizabeth Vadillo, tales pruebas no fueron suficientes.
Maria Pradinett Olivares, hija de uno de los fallecidos, denunció la total desatención del caso por parte de las autoridades, al indicar que ninguno de los afectados recibieron la indemnización y que pese a las pruebas, la fiscal provincial Vadillo, hizo caso omiso al atestado policial, mandando a archivar el expediente.
“Ya se va a cumplir un año y aún no se hace justicia; incluso hay cuatro menores que quedaron en la más completa orfandad, al perder a sus padres en ese fatal accidente”, agregó e hizo un llamado a la Fiscal de la Nación para que no vulneren más sus derechos.
Al respecto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha solicitado en reiteradas oportunidades, tanto al Ministerio de Transportes como a la Fiscal de la Nación, Gladys Echáiz, que cumplan con su rol constitucional de defensa de las víctimas.
“El Congreso de la República cumplió con establecer normas importantes, como la creación de los Juzgados de Tránsito y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas y Mercancías y no es justo que el Ministerio Público apañe semejante impunidad y que el Ministerio de Transportes hasta la fecha no haya nombrado al Superintendente de la SUTRAN”, señaló Juvenal Silva, congresista y titular de dicha Comisión, quién se solidarizó con las víctimas.
Sobre el autor
