Lima, Perú (Spacio Libre).- Tal como lo destacáramos en una publicación anterior, para el Gobierno, antes que el mérito está la amistad. En un reciente comunicado del Instituto de Defensa Legal (IDL), la designación de los nuevos Ministros de Estado en los sectores Interior y Defensa, General EP (r) Wilver Calle Girón y señor José Urquizo Maggia expresan un claro desinterés de parte del Estado para poner un alto a la inseguridad ciudadana, al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado.
Parece que a nuestro Jefe de Estado se le olvidaron las críticas que lanzó a su antecesor en donde expresaba la inoperancia de su gobierno al elegir a sus colaboradores a través de la fórmula del amiguismo y el compadrazgo. En sus escasos nueve meses se vieron tres casos de esta índole nítidamente.
En esa misma línea, IDL recuerda que en los puntos noveno y décimo del Compromiso en Defensa de la Democracia y Contra la Dictadura, suscrito bajo juramento el 19 de mayo de 2011 por el entonces candidato a la Presidencia Ollanta Humala, sostuvo que “será prioridad de mi gobierno luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado” (punto noveno) y que “los ministros de Defensa y del Interior serán civiles, en respeto al principio del control civil democrático sobre las fuerzas de seguridad” (punto décimo).
No hay duda que las palabras se las lleva el viento. La designación de un militar como Ministro de interior genera un alto riesgo de sometimiento de las fuerzas policiales a las fuerzas armadas, y la consecuente militarización de la Policía Nacional del Perú, sobre todo cuando el EP (r) Wilver Calle Girón (hoy ministro del interior), firmó el acta de sujeción ante Vladimiro Montesinos.
Estos hechos nos remontan al régimen de Alberto Fujimori, en el que fue una política el nombramiento de militares en el Ministerio del Interior. Tiempo después, ningún gobierno democrático optó por esa práctica hasta ahora.
Por otro lado, se torna más preocupante la designación de José Urquizo en el Ministerio de Defensa. Todos los indicios señalan que no tiene conocimiento ni cercanía a los temas del sector. Recordemos que hace pocos días se lo sindicó como el responsable político de la crisis relacionada a la pesca de merluza, que le costó la vida a dos pescadores.
Los puestos de confianza no pueden utilizarse como espacio de ensayos y de aprendizaje y mucho menos cuando estos ministerios están directamente involucrados con los problemas que más zozobras están causándole al Perú como son los remanentes del terrorismo y su vínculo con el narcotráfico en la zona del VRAE.
No es posible que se sigan perdiendo vidas por erráticas decisiones y negligencias en ese sector. ¿Hasta cuándo?
Por: Kathy Alva Martínez
Sobre el autor
