Una sociedad privatizada. Frente a la imposibilidad de que el estado nos proteja de la inseguridad cotidiana, miles de ciudadanos han decidido contar con su propio sistema ya no de prevención, sino de ejercicio policial. Calles que se cierran, proliferación de “guachimanes”, rondas vecinales y rurales que linchan presuntos ladrones y violadores. En algunas partes, inclusive se ve la expansión de los llamados “countries” o clubes de vecinos, que no son otra cosa que la creación de enclaves donde al interior hay calles, urbanizaciones, parques para los hijos de los socios jueguen allí y, por supuesto, su propia policía. Prohibido, no se acerquen, hay orden de disparar.
El estado simplemente ha declinado su monopolio legítimo de la violencia; abiertamente los gobernantes locales, regionales y nacionales dicen que nada se puede hacer y felicitan a aquellos que han decidido crear su propio club.
El efecto que tiene esto es que cualquier crítica a la forma interna de manejar esa seguridad es repelida bajo el argumento “esto es un lugar privado, gracias por su opinión, pero no gracias”.
Lo mismo pasa con casi cualquier aspecto de la sociedad. Mucho de nuestro patrimonio documental se encuentra en manos de instituciones o particulares al cual luego no podemos acceder libremente o con facilidad, no tanto como aquellos que pertenecen a dicha institución. Cuando uno comenta que eso debería ser parte de un acervo público, la respuesta es “sí, es lo deseable, pero mientras eso ocurre, que esté en manos de esta institución privada”. Lo cual es totalmente cierto, pero también es cierto que no movemos ni un solo dedo para hacer incidencia en cambiar dicha situación. Nos acostumbramos a la situación. Terminamos legitimando la situación. En ese lugar se ubica nuestra esfera política.
Sobre este tema específicamente, alguien podría retrucar que el acervo documentario de la Biblioteca Nacional también tiene requisitos para su acceso. Sí, es verdad. Pero es verdad también que la BN no hace distingos entre aquellos que pueden postular, bajo ningún motivo. No hay preferencias en torno a pertenecer a tal o cual comunidad. Y al ser una institución estatal, todos podemos hacer vigilancia. Todos podemos opinar y exigir, por ejemplo, un mayor presupuesto para la conservación de viejos documentos porque forman parte de lo común, porque “todos los ciudadanos tienen —en lo fundamental, libre acceso a él” (Habermas).
Y no es que esté mal (o bien) que hayan iniciativas privadas. Estas representan el lado creativo y emprendedor de las personas. Al mismo tiempo, necesitamos espacios (físicos, simbólicos) donde encontrarnos todos, más allá de credos, orientaciones sexuales, edad, opciones políticas, etc. El efecto se da, probadamente, en la construcción de vínculos de confianza entre ciudadanos. Si podemos convivir y podemos también negociar con ese otro ciudadano, es probado que la confianza aumenta. Sí, probado, hay cientos de estudios sobre el tema que cualquiera podría buscar.
En la educación es lo mismo. Todos tenemos derecho, si nuestra particular religión nos empuja a hacerlo, a tener nuestros centros educativos confesionales. Consideramos que nuestros hijos tengan una educación de ese tipo, porque queremos que sean educados en tales o cuales valores. Algunos creen que esta situación no debería darse en los niveles de educación básica, pero ese debate lo dejamos para después.
Sin embargo, la educación pública no puede funcionar de ese modo. La educación pública debe ser justamente ese espacio donde el niño o la niña puedan ir descubriendo y explorando el mundo (natural y social) alejados de una orientación religiosa en particular. En el Perú no llegamos a eso. Existe todavía el curso de religión (católica) como parte de las asignaturas normales. La trampa está en que no es obligatorio, pero igual el curso sigue allí, recordándonos el lazo que tiene todavía el estado peruano con la iglesia católica.
¿Qué pasaría si no existiera la educación pública? Simplemente estaríamos a la merced del sistema privado, donde no necesariamente el mercado va a terminar de satisfacer todas las demandas. Debates importantes como el de la salud sexual reproductiva, donde ciertas confesiones tienen posiciones intransigentes al respecto (lo cual es, por lo demás entendible, ya que de otro modo no serían religiones), se pasarían simplemente por alto. O tendrían una respuesta de antemano.
Parques públicos, escuelas públicas, universidades públicas. Fuera de una agenda política donde cada uno plantea todo desde su espacio privilegiado.
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