La Defensoría del Pueblo identifica en abril 175 conflictos sociales activos
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La Defensoría del Pueblo identifica en abril 175 conflictos sociales activos

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Lima, Perú (Spacio Libre).La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 110, del mes de abril, que reconoce 229 conflictos sociales. De esa cifra, 175 (76.4%) están en estado activo y 54 (23.6 %) en estado latente, siendo los conflictos socio ambientales los que encabezan el problema con 154 casos (67.2%), en este tipo de conflicto la minería es responsable del 72.7% (112 casos), y las actividades hidrocarburíferas con 13% (20 casos).

El segundo tipo de conflicto más numeroso se refiere a los asuntos de gobierno local, que cuenta 20 casos (8.7%) y abarca problemáticas que tienen relación a demandas de obras públicas, pedidos de vacancia y suspensión, entre otros.

Los conflictos por demarcación territorial quedan en un tercer lugar numéricamente hablando, con 14 casos (6.1%), destacando el caso de Puno-Moquegua, el cual va teniendo un rumbo correcto a través de un proceso de diálogo dado por la Defensoría del Pueblo. Recientemente, ambos Gobiernos Regionales y sus equipos técnicos, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial y la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, se congregaron en la Defensoría del Pueblo con el fin de adoptar los siguientes pasos que se necesita dar para debatir las proposiciones de límites mostrados por los gobiernos regionales.

En lo que refiere a los nuevos conflictos sociales, se presentaron diez casos hasta el mes de abril. Entre ellos, podemos mencionar ocho conflictos socioambientales, uno por asuntos de gobierno local y uno laboral. Por otro lado, el Reporte informa que se solucionaron dos conflictos, dentro de los cuales sobresale el caso socioambiental de Picup, en Áncash, donde tras un proceso de diálogo, se pudo dar un acuerdo entre los pobladores y las empresas Hidrandina y Aggreko para proseguir con el proyecto energético en su ciudad.

Con respecto a la atención de conflictos y quienes serían a los que estos les debería competer, la obligación principal recae en el Gobierno Nacional en 149 casos (65.1%), seguido por los Gobiernos Regionales en 51 casos (22,3%) y los Gobiernos Locales en 20 casos (8,7%).

Dentro de lo que compete al Proyecto Minero Cañariaco (Lambayeque), en la quinta reunión de la Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Cañaris, Incahuasi y Salas que tuvo lugar el 04 de abril en el cual no se logró el soporte oral de las asambleas del 08 de julio y 30 de setiembre de 2012 para determinar la posibilidad del proyecto. Por tal razón, esta ratifica su  preocupación por la ausencia de consenso para solucionar la problemática central.

Por: Esthefany Chacaltana / @EsthefanyCN

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