“Yo no estaré muchos años acá, lo que hago es por mis hijos y mi esposa”.
J.E.P.C (Oficial del Mar expulsado de La Marina por tener VIH)
Por: Jack Hurtado / @JackHurtado
Reportero Spacio Libre
¿Se imagina contagiarse de VIH mientras sirve a su patria? ¿Puede creer, que luego de infectarse, sea expulsado de una institución del Estado? ¿Sabe lo que sería batallar varios años por un juicio y que luego de ganarlo se le vuelva a echar de nuevo? Este es el drama de J.E.P.C, cuya identidad mantendremos en reserva. Un oficial de mar de la Marina de Guerra del Perú, que vive más de 20 años con el mortal virus productor del SIDA, y tras una “controvertida” sentencia del Tribunal Constitucional (TC) volvería a ser expulsado de su trabajo, perdiendo todos los derechos para él y su familia. ¿Inclusión social?
J.E.P.C fue enviado a Pucallpa por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de La Marina de Guerra del Perú para combatir la subversión en las zonas de emergencia, ya que el fantasma del terrorismo nos pisaba los talones. Allí estaría desde 1989 hasta el 2000, sin embargo, una noche de 1991 empezó a sentirse mal. Lo trasladaron a Lima, pues en Pucallpa no existían los mecanismos para tratarlo. Es en la capital donde le dan la terrible noticia. Era portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Visitadoras y la “Higuiene Personal”
Pero ¿cómo podría haberse contagiado en tiempo de servicio? Como lo aseguran él y su abogado, Samuel Apaza Hilario, era una “práctica común” de las Fuerzas Armadas traer “visitadoras” al más fiel estilo de la obra de Mario Vargas Llosa. Ellos estaban acuartelados, prohibidos de hacer contacto con pobladores de la zona, entonces los superiores traían las prostitutas para hacer la llamada “higiene personal”. El abogado indica en sus fundamentos que el Estado no brindaba cursos de prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (E.T.S), ni mucho menos se preocupaban por los preservativos. Un descuido mortal.
Abuso + Arbitrariedad = ¿Discriminación?
Cuando la Marina de Guerra del Perú fue notificada que J.E.P.C era seropositivo, lo llevaron al Ministerio, lugar donde estuvo por más de 15 días. El agraviado indica que se sintió “fulminado”, pues ese no era un lugar para él. Se deprimió, se decayó, sufrió mucho, pues lo botaron.
Fue dado de baja en 1994 por incapacidad psicosomática, situación que se presenta cuando las enfermedades corporales modifican el estado psíquico de las personas, ya que presentaba un Estado 2 Asintomático Infección por VIH. Sin embargo, el abogado indica que la enfermedad “no es causa de invalidez para el servicio activo”, por lo tanto no podía ser vetado de sus labores. Fueron a la Defensoría del Pueblo, y según el magistrado defensor también “lo discriminaron”, al decirle que el caso ya prescribió porque había pasado mucho tiempo.
El camino de lucha
Pasó mucho tiempo para que el caso pueda ser revisado nuevamente y se logren visos de cambio. En el 2010, varios abogados vieron el caso y al notar “la vulneración a los derechos humanos” del agraviado interpusieron una Acción de Amparo, conjuntamente con una Demanda Cautelar. En vacaciones, el Tercer Juzgado Constitucional admitió la demanda, y luego de 10 días la declaró fundada y resolvió reincorporar al Oficial de Mar de Tercera a su centro de trabajo.
No fue fácil, al comienzo La Marina de Guerra no quiso reincorporarlo, trajeron a 2 policías para que constaten, se quejaron ante la Defensoría, que a diferencia de la primera vez, ahora cursó un oficio para que se cumpla la ley, pero nada. Acudieron al IV Juzgado, el cual envió un acta de reincorporación, debía ir con un especialista ante el Secretario Jurídico del Comandante General de La Marina, para que atestigüe en la reincorporación. Fue allí donde quizás la discriminación se mostró en saco y corbata. El abogado de la demandada, Carlos Schiaffino Cherre, según el defensor dijo “¿para qué queremos reincorporar a un oficial de Mar con VIH?”.
La brega continuó, fueron a denunciar por las vías penales al Comandante General de La Marina, para que este sepa que “la ley se cumple”. Recién pasados dos días de esta nueva denuncia el agraviado es reincorporado. La Marina le otorgó sus derechos y lo envió de inmediato a las Fuerzas de Operaciones especiales. J.E.P.C volvió a nacer.
“Me sentí emocionado, pensé que la justicia se hizo”
El agraviado confiesa que cuando se enteró de su retorno, creyó que la justicia en el país existía, pero no por su carrera, sino por su salud. “Me sentí orgulloso porque mi país me dio la razón”, señaló. Entre sollozos cuenta que llegó a la cuadra y no pudo contener las lágrimas al ver a los alumnos corriendo, pues el había empezado de esa manera, y eran “recuerdos maravillosos”. El abogado comentó que pasó algo raro en ese tiempo, le hicieron nuevas pruebas y el VIH se había ido por “un momento”. Estaba de tan buen estado de ánimo que sus defensas subieron y no había rastro de la mortal enfermedad. Sin embargo, el temible virus volvió con mucha más fuerza acompañada de una sentencia del Tribunal Constitucional. J.E.P.C estaba fuera de nuevo.
¿Límite de edad o la excusa perfecta?
En abril de este año le informan que se tiene que retirar en agosto porque cumple 44 años. En esta ocasión lo estaban retirando por límite de edad en el grado. No se quedaron de brazos cruzados. Pusieron una denuncia de Represión por Actos Homogéneos, salieron airosos, y le prohibieron a La Marina despedir nuevamente al afectado. Mientras que todo esto sucedía, el proceso principal seguía su curso. Es así que llega a Sala, que declaró “improcedente y nulo” todo lo avanzado. La defensa hizo un Agravio ante el Tribunal Constitucional, que declaró improcedente la demanda sin motivar su resolución (Exp. 05516-2011).
Derechos vulnerados
El abogado gira todas sus demandas en la vulneración a los derechos de su patrocinado, estos son: derechos a la salud, al trabajo, a la pensión con dignidad, a la seguridad social, a la educación de sus hijos; que habían ingresado al Liceo Naval y ahora serán expulsados. Además, el Oficial de Mar tendrá cédula muerta, es decir percibirá el 50% de sueldo de un subalterno. “Yo no busco el grado, busco atención médica para mí y mis hijos”, señaló el afectado dirigiéndose directamente al Tribunal Constitucional.
No es el único caso
El caso de J.E.P.C solo es uno más de los tantos que rondan el Tribunal Constitucional. Samuel Apaza comentó el caso de Richard Lino Huamán Olivera (Exp. 05878-2008), quien fuera herido en el muslo izquierdo en un atentado de arma de fuego en la Marina de Guerra. El abogado cuenta que fue dado de baja por informar este caso al Comandante General de La Marina. Lo lamentable fue que también se le dio de baja a Lino Huamán, el más perjudicado.
Apaza asegura que esto lo conoce la Fiscalía y la Defensoría, pero no han hecho mucho. Luego de presentar una demanda de Amparo, y ganar en todas las instancias hasta llegar a Sala es reincorporado por el Poder Judicial, sin embargo el herido de bala no corrió la misma suerte. Apaza presume que este atentado sucedido en las FOES haya sido contra los presos Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos o Polay Campos, porque “hasta ahorita están encubriendo al responsable de estos tiros”, manifestó.
Escuche, “Señor Presidente”
J.E.P.C sabe que un nuevo juicio tardaría muchos años, el tiene más de 20 con la enfermedad, y es consciente de que “no estará muchos años con su familia”, es por eso que lucha, por ellos, para que gocen de una mejor calidad de vida. Él solo espera que los magistrados del TC revisen nuevamente el expediente. Además, le pide al presidente Humala, que también fue militar, que revise su caso, y que “exija justicia”, pues no puede quedar impune. Pedidos que ojalá y no se los lleve el viento… o el mar.
“Si me dijeran para volver a nacer de nuevo y a servir a La Marina. Lo haría, porque me gusta mi trabajo”
J.E.P.C (Oficial del Mar expulsado de La Marina por tener VIH)
Video: Radikales Libres (RBC, Televisión).
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