Lima, Perú (Spacio Libre/CNR).- El coordinador de la Comisión Investigadora de los hechos de Bagua, Jesús Manaces y la hermana Carmen Gómez rechazaron el informe final de este grupo de trabajo y las acusaciones contra congresistas, organizaciones civiles y medios de comunicación planteadas en el documento.
En una carta remitida al titular de Agricultura y Coordinador de la Mesa de Diálogo Adolfo de Córdoba, los integrantes de la comisión expresan su disconformidad con el Informe Final.
En un extracto del documento, al que tuvo acceso CNR, tanto Manacés como Gómez Calleja señalan que “no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas, haya sido que éstos “no comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados”.
En la carta, también rechazan las acusaciones permanentes contra dirigentes gremiales, personajes polítcos, ONGs, medios de comunicación y representantes de la Iglesia Católica.
Así mismo, los firmantes de la carta al ministro de Agricultura, manifiestan que el problema de los hechos de Bagua no sólo fue “un problema de falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos (…) las causas son más complejas (…), la afirmación de que (la incomunicación) sea la principal causa, no se sustenta, por ejemplo en los testimonios recogidos”.
Textualmente, Manaces y Gómez critican que “la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes. ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños y manipulaciones.
:: Comisión no tuvo recursos económicos
En el punto 12 de la comunicación remitida a la Mesa de Diálogo, tanto el representante ed AIDESEP como la integrante de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), revelan que el gobierno “no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la comisión”, al no otorgar el financimiento y los medios necesarios para cumplir con su trabajo.
De esta manera, critican que el ministerio sólo solventara dos viajes a la zona y que los recursos aprobados para el trabajo de la comisión aprobados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nunca se hicieron efectivos”.
:: Aseguran que no se citó a todos los protagonistas
De otro lado, los firmantes del documento de disenso, aseguran que en el informe “se hacen graves imputaciones contra organizaciones sociales, dirigentes, ONG, miembros de la iglesia (…) alos que sin embargo, in individualizaron, ni citaron para tomar sus declaraciones y poder confirmar o desvirtuar los cargos que se atribuían”.
Así mismo, a propósito de la mención que el Informe Final hace de un grupo de congresistas nacionalistas, Manacés y Gómez revelan que nunca fueron citados para dar su versión de los hechos y rechazan que se atribuya la comisión de actos violentos a dirigentes indígenas.
“Es notorio, el interés de promover la criminalización de éstos (dirigentes indígenas) tal como se advierte, cuando, por ejemplo (…) se señala que “el Presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú (ODECOFROC) Zebelio Kayap, junto con otros indígenas secuestraron a seis trabajadores de la minera Afrodita en Condorcanqui””, aseguran.
Sobre el punto rechazan que “no se identifica” a los otros indígenas a comparación de lo que se hace con Kayap, “ni se cita la fuente de las gravísimas aseveraciones que se hacen al respecto”.
:: Aspectos finales
En esta carta de disenso, se critica la presentación de la actuación policial como un mero acto defensivo frente al ataque de los manifestantes a pesar de ser “un acción policial desmesurada e injustificada, como lo muestra el propio Informe Final al existir – como se reconoce – acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.
Se solicita en este documento, que se garantice la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la comisión, así como sus sitematización y la identificación de los vacíos de información.
Finalmente, tanto Jesús Manacés como Carmen Gómez, informan al ministro De Cordova su compromiso de “presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta”.
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