Internacional (Spacio Libre).- Empresas privadas que siguen usando los contratos temporales como forma de evadir el pago de beneficios laborales; negociaciones colectivas bloqueadas desde el 2006 en el sector privado y estatal, y aplicación de prácticas antisindicales, son algunas de las conclusiones de la edición 2011 del «Informe de la Central Sindical Internacional (CSI) sobre las violaciones de los derechos sindicales en las Américas», en el capítulo referido a Perú.
El informe señala, que «aunque Perú ha ratificado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno se niega a negociar las condiciones de trabajo con empleados de diversas entidades públicas».
Uno de los ejemplos mostrados es el del Sindicato único de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que hasta el momento «no ha sido capaz de negociar las condiciones de trabajo a pesar de regular la presentación de pliegos de peticiones desde el año 2007».
El informe señala que en este caso, la OIT determinó que «la imposibilidad de negociar los aumentos salariales en forma permanente es contraria al principio de la negociación colectiva libre y voluntaria».
Así mismo, el documento muestra que en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), «se niega a reconocer los permisos sindicales y de negociar las condiciones de los empleados públicos que trabajan en esta institución».
«Asimismo, los miembros de SUTCORAH, el sindicato de los trabajadores empleados por el proyecto especial CORAH del Ministerio del Interior, denunciaron despidos antisindicales y negativa del gobierno de celebrar negociaciones colectivas sobre sus condiciones de trabajo», puntualiza el informe.
De otro lado, la CSI reporta que los contratos temporales siguen siendo usados fraudulentamente para evitar el pago de los derechos laborales y la sindicalización de los trabajadores. Así por ejemplo, «las cifras sobre intermediación laboral se concentran especialmente en el sector de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, en donde actúan cerca del 80% de las empresas de intermediación. En este sector de actividad, más del 50% de los trabajadores registran contratos temporales y la tasa de sindicalización no llega siquiera al 1%».
El informe también manifiesta la actitud negativa de la empresa Telefónica (hoy Movistar), que desde el año 2006 mantiene 37 negociaciones colectivas pendientes con empresas filiales creadas por la misma Telefónica en Perú, las cuales son empresas paralelas que realizan diversas actividades propias del trabajo de la trasnacional española pero por cuenta de terceros, descargándose de las obligaciones laborales.
«Las empresas y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), grupo empresarial que las representa, se niegan a negociar las condiciones laborales de alrededor de 12.000 trabajadores. Esta situación persiste sin que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ejerza ningún tipo de acción para proteger los derechos de los trabajadores. En 2010, la CSI, la CSA, organizaciones sindicales españolas y de otros lugares del mundo iniciaron acciones para abordar las graves violaciones de la trasnacional», precisan.
que a través de las compañías que tercerizan sus servicios bloquean la posibilidad de negociaciones colectivas.
La totalidad del informe sobre Perú, la pueden encontrar aquí.
El informe por regiones aquí.
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