Más detalles sobre la nueva Ley Universitaria

Por Sandra Reyes Martínez/ @SandraLoiseM

La aprobación de la nueva Ley Universitaria continúa generando opiniones a favor y en contra. El debate parece no acabar y aún hay varios puntos de esta nueva ley que el Estado tiene que precisar.  Para ello, dos asesores del Ministro de Educación explicaron algunos puntos sobre esta ley y confirmaron que sí será promulgada por el presidente Ollanta Humala.

En conferencia de prensa, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, Richard García Sabroso, aclaró uno de los puntos más criticados de la nueva ley universitaria aprobada por el Congreso de la Republica; el tema de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), el organismo que reemplazará a la ANR,  y que tendrá como función otorgar el licenciamiento para la creación de nuevas universidades públicas y privadas y verificará el cumplimiento de los estándares básicos  de calidad del servicio de educación superior universitaria.  Para los detractores, esta entidad acabaría con la autonomía universitaria por depender del Ministerio de Educación, ya que su jefe máximo será elegido por el Ministro del sector de turno.

La Sunedu -cuyo anuncio de creación ha generado opiniones a favor y en contra, debido a la posibilidad de que cierre algunas universidades- estará conformada por un consejo directivo compuesto por siete integrantes: dos de ellos nombrados por el Ejecutivo, dos provenientes de universidades públicas y uno de universidad privada, y dos ciudadanos con probada experiencia en investigación y gestión, todos ellos elegidos por concurso público.

Según declaraciones del ministro del sector, Jaime Saavedra, el superintendente de la SUNEDU -que será un representante del Ministerio de Educación- no podrá abrir o cerrar universidades si así se le ocurre porque necesitaría el voto de los otros integrantes del consejo directivo.

“Las decisiones no las toma el superintendente, se toman a través de un consejo directivo y él es solo uno de los siete integrantes. Por más que el superintendente  tenga  una opinión en contra o tenga una disposición que baje del Ejecutivo, él no podrá tomar la decisión, solo será uno de los siete votos para tomar una decisión del manejo de la superintendencia”, recalcó García Sabroso.

Además aseguró que la SUNEDU no determinará la cantidad de universidades que debe haber, ni tampoco el número de carreras sino que tendrá la autoridad para otorgar una licencia de funcionamiento a aquellas universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios que otorguen grado académico cumpliendo los requisitos básicos de funcionamiento. Se otorgará licencia por periodos no menores a 6 años a las universidades que cumplan con las condiciones esenciales de calidad en el servicio educativo.

Otras obligaciones que exigirá a las universidades son que tengan objetivos académicos (grados y títulos, así como planes de estudio), previsión económica financiera, infraestructura y equipamiento, contar con al menos 25% de los docentes contratados a tiempo completo, entre otros.

La ley precisa que la SUNEDU establecerá su Reglamento de Infracciones y Sanciones y podrá denegar, suspender o cancelar licencias. Así como aplicar multas a las universidades que no cumplan con los estándares del servicio de educación.

Cierre de la ANR

García Sabroso, también informó que la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) deberá cerrarse 90 días después de que se promulgue la nueva Ley Universitaria.

“A partir de la promulgación de la Nueva Ley Universitaria, 90 días después, se cierra la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), ambas adscritas al Minedu, y durante ese tiempo se constituirá un grupo de trabajo”, explicó a la prensa los detalles de la norma.

Este grupo de trabajo -continuó García- tendrá un plazo no mayor de 90 días para realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de Rectores, mientras se va conformando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Acreditación de la Calidad

Otro punto que se detalló fue el de la acreditación y sobre esto,  Juan Antonio Trelles, asesor del despacho ministerial, informó que el sistema de acreditación es voluntario y que el objetivo de la ley es promover que las universidades mejoren su calidad a través de este proceso de acreditación con incentivos como becas, por ejemplo.  Se busca que, después del licenciamiento, la mejora sea continua.

La Ley Universitaria declara la reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y dispone que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley para su reforma.

Aun se irán dando detalles sobre las características de esta reforma que aún no son precisadas por el Estado.

Fomento de la Calidad

Sobre este aspecto se mencionó que se darán incentivos en términos tributarios para generar mayores recursos tanto para universidades públicas  como privadas. Se busca que los estándares en educación universitarios  mejoren progresivamente con la nueva ley.

 Sistemas de Información

Antonio Trelles mencionó que el Perú no tiene sistemas de información actualizados ni pertinentes para los usuarios. Ante este panorama, la ley universitaria busca que las universidades, tanto públicas como privadas,   deberán publicar información accesible, actualizada y permanente en relación a la  administración de la universidad.

El MINEDU establecerá un sistema de información que permitirá contar con datos confiables y pertinentes relacionada al ámbito académico de las universidades y el ámbito profesional de sus egresados. Sistema que no existía con la antigua ley.

Además, ambos asesores indicaron que es un aspecto favorable la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la creación de nuevas universidades públicas en el país.

Lo que es cierto es que existe un gran temor sobre las funciones de la  SUNEDU, a pesar de ser razonables los dictados de su conformación, se ve con mucha suspicacia la creación de esta instancia.

La ley exigirá a las universidades como mínimo planes de estudio,  infraestructura y equipamiento, que se investigue y que ayude a sus alumnos a conseguir trabajo luego de sus estudios.

Estos son los cambios más importantes que plantea la nueva Ley Universitaria y que ha generado gran controversia en la opinión pública. La responsabilidad que tiene el Estado es exigir que este proceso de formación se dé dentro de los estándares de calidad internacional de tal forma que el perfil profesional de los jóvenes sea competitivo y esté a la par de los niveles educativos de educación superior  con otros países de la región.

Sobre el autor

Sandra Reyes Martínez

See author's posts