Así lo aseguró el abogado ecuatoriano, Julio Prieto, integrante del equipo defensor de las comunidades amazónicas de Ecuador, que presentaron una demanda contra la empresa estadounidense, por daños al medio ambiente y a la vida de los pobladores indígenas.
En declaraciones al programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Prieto saludó el trabajo realizado por el Poder Judicial de Ecuador que ha realizado una serie de inspecciones judiciales en las zonas afectadas por la actividad petrolera de Chevron Texaco.
“La empresa no quizó que se le juzgara en Estados Unidos, y si en Ecuador, al considerar que los juzgados de nuestro país, son más lentos, incluso más fáciles de corromper y podrían responder a sus intereses”.
Sin embargo, señaló Prieto “la reacción ha sido distinta, el juzgado ecuatoriano ha actuado de forma independiente y ahora Chevron Texaco dice que el sistema de Ecuador no sirve para nada, renegando así del trabajo realizado”.
Prieto, se encuentra en Lima, para presentar esta experiencia de defensa de las comunidades indígenas frente a las industrias extractivas, y que puede resulta como una muestra positiva en Perú frente a las actividades de las industrias extractivas.
Cabe recordar que durante 22 años la empresa Chevron Texaco, perforó 360 pozos y construyo piscinas o fosas donde se arrojaron desechos tóxicos, producto de la explotación petrolera y que desembocaban a los ríos de la selva ecuatoriana.
Durante la época en que operó Texaco en Ecuador, la transnacional decidió que, para maximizar sus ganancias, no utilizarían las técnicas ambientales estándares de la época que consiste en reinyectar al subsuelo las aguas de formación y desechos tóxicos que suben durante el proceso de perforación. En vez de hacer esta reinyección, Texaco desechó miles de millones de galones de agua de formación que contienen químicos tóxicos y cancerígenos a la superficie.
Después de más de 10 años en las cortes de Estados Unidos, en donde se decidió que la transnacional Chevron debía someterse a las cortes ecuatorianas, se inició el juicio en el Ecuador en mayo del 2003 en la ciudad de Lago Agrio.
Los demandantes incluyen colonos y cinco nacionalidades indígenas, Siona, Secoya, Cofán, Huaorani y Kichwa del oriente ecuatoriano, divididas en 80 comunidades sumando más de 30 mil afectados.
Se exige la reparación de la zona la cual según expertos internacionales costaría alrededor de seis mil millones de dólares. Chevron sostiene que hizo una remediación en la zona afectada entre 1996 y 1998, remediación cuestionada por la contraloría.
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