Madrid, España (Spacio Libre).- La sala Penal del Tribunal Supremo español condenó hoy por unanimidad al juez Baltazar Garzón a 11 años de inhabilitación en sus funciones al juez Baltasar Garzón por las presuntas escuchas ilegales del denominado Caso Gürtel.
El caso fue un proceso iniciado por el juez Garzón con el fin de determinar la existencia de una red de corrupción, pagos ilícitos y sobornos en el Partido Popular (PP) que hoy encabeza el gobierno de España.
Según recoge el diario El País de España, en la sentencia, los magistrados acusan a Garzón «de haber utilizado “prácticas de regímenes totalitarios” usando los mismos argumentos que el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro».
Precisamente el mismo diario señala que:
La sentencia homenajea al instructor Alberto Jorge Barreiro, al utilizar sus palabras y tildar de “laminación” de esos derechos la disposición de las escuchas. Incluso utiliza sus mismos razonamientos en el sentido de que Garzón habría “colocado a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados”.
El tribunal, también señala que «no se podía grabar sin disponer de ningún dato que pudiera indicar mínimamente, en una valoración razonable, que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos (…) se trata de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo”.
Al respecto el abogado peruano Ronald Gamarra, aseguró en su cuenta de Twitter que la resolución de Garzón, del año 2009 «autorizó intervención de comunicaciones previniendo el derecho de defensa”
La acusación, fue sustentada en el proceso por quienes lideraron la red que investigaba Garzón, los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo, además del abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, quien reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
El caso Gühler
El 6 de febrero de 2009 la Audiencia Nacional de España, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Posteriormente empieza a conocerse los vínculos de los detenidos con dirigentes y personajes del PP. Uno de los implicados era el empresario Francisco Correa (de cuyo apellido surge el nombre del caso, al derivarlo en alema «Gürtel» significa cinturón o correa).
Precisamente Correa era un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP y aparentemente la norma común para obtener beneficios a su favor, era la entrega de regalos y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.
En Madrid, las supuestas implicaciones provocaron la dimisión de varios cargos del PP que habrían recibieron dinero a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero y el alcalde de Arganda, Ginés López.
Posteriormente se añadieron nombres a la presunta trama de corrupción en Madrid.
El «equipo» de Correa estaba integrado por tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado «El Bigotes», Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.
Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar.
Por investigar este caso Garzón, juez reconocido a nivel mundial por llevar el proceso de arresto y acusación por delitos de lesa humanidad contra el dictador chileno Augusto Pinochet, estaría quedando fuera de la carrera judicial.
Con información de: El País, 20minutos.es y La República (Perú).
Lea: Siete razones para inhabilitar al juez Garzón (Vía diario El País)
Lea la sentencia completa, gracias a Kausa Justa
Sentencia contra Baltasar Garzón
Por: Francisco Pérez.
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