Los temas a cumplir comprenden las agresiones y amenazas contra periodistas, la criminalización de la libertad de expresión, la censura previa, la asignación de la publicidad estatal, el acceso a la información pública, entre otros.
Sobre las obligaciones frente a las agresiones y amenazas contra periodistas, el Sistema Interamericano indica que se deben realizar investigaciones serias e imparciales sobre asesinatos, agresiones, amenazas y otros actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Asimismo, se debe juzgar estos hechos por tribunales imparciales e independientes, así como condenar públicamente los hechos, para prevenir acciones que fomenten estas agresiones.
Frente a la censura previa, se debe eliminar cualquier norma que habilite la censura por parte de cualquier órgano estatal, y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
En cuanto a las declaraciones de autoridades estatales, se debe exhortar a los mismos a abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
Respecto a la asignación de publicidad estatal, el Sistema Interamericano indica que no se puede utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, así como regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos.
Frente a la regulación estatal de las frecuencias radioeléctricas y del dividendo digital, se debe adoptar una legislación que asegure criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital. Asimismo, se deben adoptar medidas legislativas para garantizar el pluralismo (en la información), incluyendo leyes anti monopólicas, entre otros.
Cabe señalar que muchos de estos estándares tampoco se respetaron durante el segundo gobierno del presidente Alan García, y sin embargo, esto no mereció la misma preocupación en algunos de los más importantes medios de comunicación escrita, radial y televisiva.
Como se recuerda, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH publicó su Informe Anual 2010 donde se ratifica y desarrolla los estándares interamericanos que los Estados están obligados a respetar en materia de libertad de expresión y que se desprenden del artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que, precisamente, consagra la libertad de expresión.
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