La presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, informó que en su visita a la localidad de Santa María de Nieva, en Amazonas, los pobladores estaban preocupados porque había comunidades que no se habían visitado.
Zapata expresó su confianza en la creación de una Comisión de la Verdad al interior de la mesa de diálogo con el Ejecutivo para indagar los sucesos de Bagua y anunció que esta semana se enviarán las comitivas.
En tanto, el dirigente Salomón Awananch Wajush, representante de los pueblos awajun y wampis, afirmó que tras expresar su insatisfacción con los resultados del informe, tuvo una reunión en la Defensoría del Pueblo donde se reconoció que, al abarcar sólo el 22% de las comunidades, las conclusiones no son definitivas.
“Hay comunidades que están a tres, cuatro o cinco días de distancia y que no las han visitado. Eso le ha preocupado a la Defensoría y reiteraron que seguirán trabajando”.
A su turno, el abogado de los dirigentes de Aidesep, Marco Barreto, informó que están haciendo un censo sobre los comuneros que estarían desaparecidos.
“No puedo decir que el informe defensorial es impreciso. Lo que puedo decir es que hay más de 300 que aún no regresan a sus comunidades”, aseguró Barreto.
:: Preocupados por persecución de dirigentes
Daysi Zapata informó, por otra parte, que tras la orden judicial de detención dictada ayer contra cuatro dirigentes amazónicos, los hermanos Saul y Cervando Puertas Peña acudieron a la embajada de Nicaragua a la espera de que se les conceda el asilo político en este país.
Los otros dos dirigentes, Teresita Antaza López y Marcial Mudarra Taki, se encuentran refugiados en la amazonía.
Por ello, advirtieron que de continuar la persecución a los dirigentes se retirarán de la mesa de diálogo con el gobierno, porque, además, dijo Zapata, el premier Yehude Simon ha incumplido los compromisos asumidos, como la indemnización a los heridos y el cese de las incusiones policiales y militares del Ejército en la zona de conflicto.
Ayer, el 37 Juzgado Penal de Lima, a cargo de la magistrada Carmen Arauco Benavente, ordenó la detención de los referidos dirigentes, imputándoles el delito contra la tranquilidad pública y apología del motín y la sedición en agravio del Estado.
Para defender la inocencia de los dirigentes, el abogado Marco Barreto indicó que la jueza que dictó la orden se aparta de la posición de la Corte Suprema porque existe un precedente de un caso idéntico en el que hace un año una persona hizo un llamado a la insurgencia y una Sala Suprema concluyó que eso no era delictivo.
Mencionó que el vocal César San Martín —quien presidió la Sala que juzgó al ex presidente Alberto Fujimori— afirma en una resolución que las expresiones de un ciudadano mencionando al derecho a la insurgencia no se considera delito, y que esa misma afirmación la reproduce en uno de sus libros.
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