Gobierno busca facilitar los megaproyectos de inversión sin importarle las comunidades

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Lima, Perú (Spacio Libre/CNR).- El proyecto del Ejecutivo que busca modificar la Ley 28223 sobre Desplazamientos internos, busca facilitar y promover la presencia de los megaproyectos de desarrollo e inversión y sus impactos negativos contra la población.

Así señaló Isabel Coral, especialista en temas de desplazamiento interno, quien aseguró que este proyecto de ley atenta contra los principios rectores planteados por Naciones Unidas en este tema.

“Cuando se modifica el termino desplazamiento forzado y se elimina esta palabra (forzado) se deja entender todo como si fuese un proceso normal de migración y no se cumple con proteger a la gente que se ve afectada”, señaló.

La ex funcionaria del ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, consideró que se están relativizando los criterios de obligatoriedad para considerar los procesos de desplazamiento.

Desde su punto de vista, Coral señaló que la modificatoria no toma en cuenta y borra inmediatamente todo lo concerniente al proceso de consulta previa, para la ejecución de los proyectos de inversión y desarrollo.

“La ley actual establece que el desplazamiento que no es ocasionado por situaciones de violencia, debe ser consultado a la población y adecuadamente informado para proceder al mismo, lo cual no se haría con esta decisión”, puntualizó.

Cabe recordar, que el 04 de febrero, el Ejecutivo, envió la autógrafa del proyecto que modifica la Ley de Desplazamientos internos, estableciendo la eliminación del término “forzado” además incluyendo dos incisos al artículo 8, donde se establecen las formas de desplazamiento.

El mencionado inciso 8.4 establece que “si el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social”.

Para Coral, este proyecto de ley atentaría contra el artículo 9 de la misma ley que establece que “El Estado tiene la obligación de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas andinos, nativos de etnias en la amazonía, minorías campesinas y otros grupos que tengan una dependencia especial con su tierra o un apego particular a la misma”.

Coral recordó que la mayoría de conflictos socioambientales se han producido en zonas donde las industrias extractivas y el gobierno pretende ejecutar proyectos de inversión en lugares donde las comunidades tienen una relación particular con la tierra.

“A mí me parece que es un contrasentido total, porque el gobierno de García no tiene la voluntad política de tratar los derechos humanos de las personas, sobre todo las más pobres del país”.

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