Lima, Perú (Spacio Libre).- “La anunciada renovación por el ministro Paredes de las tres bandas de telefonía móvil con Telefónica del Perú, al igual que todo el proceso de renegociación, no ha sido lo suficientemente transparente como pudo ser”, señaló el presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (CONACUP), Paúl Castro García.
Hace unas horas, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Paredes Rodríguez, dio a conocer condiciones resaltantes del nuevo acuerdo, como la implementación de una tarifa social reducida a 50% de su valor vigente, internet gratuito a entidades estatales (colegios, centros de salud y comisarías) en los 661 distritos más pobres del país, incluyendo 35 distritos fronterizos, y ampliación de la cobertura móvil en 409 capitales de distritos y otras 1.848 localidades a nivel nacional, de modo que el 100% de tanto dichos distritos como de los centros poblados con más de 400 habitantes cuente con telefonía móvil, entre otros.
Sin embargo, para los miembros del CONACUP llama la atención que Paredes no haya hecho referencia alguna al aspecto económico relacionado a las tres bandas de telefonía móvil (800 y 1.900 megahertz para Lima y Callao respectivamente, y 800 MHz para el resto del país), cuyo valor se calcula en más de 800 millones de dólares, un tema que aparentemente no habría sido considerado en el contrato como pago directo al Estado.
«No estamos diciendo que las condiciones señaladas por el ministro Paredes no sean importantes para los consumidores. Sin embargo, como lo hemos venido pidiendo públicamente, el mecanismo más eficiente que debió buscar el Estado era el de la licitación pública internacional, con el cual se hubiese logrado seguramente las condiciones anunciadas e incluso mejores, con el adicional de dotar de total transparencia a tan importante decisión. Pero dada las circunstancias que rodearon a la renegociación con Telefónica, nos demuestra que no hubo una real voluntad del Gobierno y sus congresistas de ir por dicho mecanismo de decisión”, comentó Paúl Castro.
Asimismo, el presidente del CONACUP recordó que “cuando una persona postula a un trabajo, la empresa pide al postulante, además de sus antecedentes policiales, judiciales y penales, sus antecedentes en las centrales de riesgo para saber si mantiene deudas. Sin embargo, vemos que para el Estado Peruano las deudas tributarias y multas que mantiene Telefónica no han sido consideradas, y menos los miles de reclamos y quejas de sus clientes, lo cual ha sido un error”.
“Ante los hechos consumados, los consumidores debemos exigir que el (Organismo Supervisor de Inversión Privada en el Perú) OSIPTEL sea inmediatamente fortalecido, junto a su Consejo de Usuarios, dotándolos de mayores facultades de regulación y decisión en lo que corresponda, y no pecar de ingenuos creyendo que Telefónica de buena voluntad cumplirá con sus compromisos, ya que anteriormente no lo ha hecho”, finalizó Castro García.
Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
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