Lima, Perú (CNR).- La permanencia de un contingente policial de más de 150 efectivos que llegó a la ciudad piurana de Huancabamba, los primeros días de septiembre, al cumplirse dos años de la consulta vecinal en que la población rechazó el proyecto minero de la empresa Río Blanco Copper (ex Majaz) en el lugar, fue pagada por la compañía minera.

Así se desprende de la denuncia presentada hoy por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN).