Por: Ramón Lobo (Tomado del diario El País)

La alegría del rescate de los mineros no entierra las causas por las que 33 hombres han pasado 68 días bajo tierra con gran riesgo de sus vidas. Los dueños del mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, deberían afrontar algo más que una comparecencia parlamentaria en la que pidieron perdón por el derrumbe y la congelación de los bienes de la empresa San Esteban para hacer frente a indemnizaciones.

Las condiciones de inseguridad eran flagrantes, conocidas y reiteradas. Los incumplimientos y las trampas lindan en lo delictivo. La empresa San Esteban, especializada en la extracción de oro y cobre, respondió al embargo de bienes con la presentación de una petición de quiebra. Un juzgado decidirá. El ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha solicitado la intervención del Consejo de Defensa del Estado para recuperar lo gastado. Solo la operación de salvamento costará 7,1 millones de euros.

Bohn y Kemeny han estado un mes desaparecidos, no se han presentado en la mina accidentada, tardaron cinco horas en dar aviso tras el accidente y retrasaron la entrega de mapas y otros documentos a los geólogos y expertos en el rescate por temor a que estos dejaran al descubierto las carencias de seguridad.