Del Castillo, quien es intermediario en las negociaciones a pedido de los mineros, señaló que luego de tomarse la medida judicial se contratará a una empresa para gestionar la administración del complejo minero.
Agregó que los 3.500 trabajadores con los que cuenta la empresa continuarían asistiendo a la fundición y refinería que forman parte del complejo, mientras se evalúa si nuevamente se toma la decisión de dar vacaciones forzosas al personal, en vista de que las tres circuitos (de cobre, plomo y zinc) ya no operan.
Villasante manifestó que dicha medida fue acordada entre la empresa minera y la Dirección Regional de Trabajo de Junín.
