De esta manera, se refieren a las movilizaciones que llevan los nativos amazónicos durante 53 días, reclamando la derogatoria de decretos legislativos considerados lesivos a sus comunidades.
Tomado de Desco Opina
La movilización indígena, que exige la derogatoria de los decretos legislativos referidos al manejo de los recursos de la Amazonía, debe ser leída como el hecho político más significativo de los últimos años en nuestro país. Uno de los reclamos de los movilizados, representados por Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es que no han sido consultados.
Este es el punto más extremo de una práctica que alcanzó altos picos con el fujimorismo y hoy mantiene el gobierno del APRA: la legislación se sustrae del debate en el Parlamento, que cede poderes extraordinarios al Ejecutivo, que a su vez actúa más allá de los propósitos declarados (en este caso, la «agilización» para implementar el TLC con los Estados Unidos).
En la última semana, los dos espacios de diálogo promovidos por el gobierno para solucionar la protesta amazónica han fracasado. Primero, cuando el pleno del Congreso de la República cerró filas sobre la discusión de los decretos legislativos ofensivos a los intereses de los pueblos amazónicos. Esto gracias a un premeditado plan aprista para hacer explotar la sesión del miércoles pasado. Así, el APRA ha mecido nuevamente a los pueblos amazónicos.
En segundo lugar, ha fracasado la Comisión Multisectorial encabezada por el premier Yehude Simon, quien hasta ahora, no tiene una propuesta clara para solucionar este conflicto. Lo que podemos observar, más bien, es un diálogo de sordos, pues los indígenas plantean la derogatoria de los decretos que protegen las concesiones y el gobierno solo está dispuesto a modificarlas, pues son el candado del modelo neoliberal.
