Estudio reitera hacinamiento en penales peruanos

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Foto: ANDINA
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Lima, Perú (Spacio Libre).- Hacinamiento total. 43 mil 466 presos existen en los 79 establecimientos penales del país, administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de los cuales el 64% (27,721) se encuentra en condición de procesada, es decir su juicio todavía está en curso, en tanto que solo el 36% (15,745) ha sido sentenciada.

Esto es parte de los resultados de la investigación realizada por Ciudadanos al Día (CAD) basado en cifras del INPE, lo que determina una preocupante situación de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país.

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A nivel departamental, la mayoría de la población penitenciaria se concentra en Lima (40%), Callao (6%), Piura (5%), Junín (4%) y La Libertad (4%). En el extremo de la lista se encuentra Pasco con solo 120 internos. Asimismo, del número total de cárceles del país, 12 se ubican en Lima, 8 en Cajamarca, 8 en Cusco, y 6 en Junín.

En promedio, el Callao alberga el mayor número de internos por cárcel (2,581), seguido de Lambayeque (1,519), Lima (1,439), Ica (1,281) y Ucayali (1,174), mientras que el promedio más reducido de internos corresponde a Apurímac (94).

Por el rango de edad, el 7% de los presos (2,879) tiene entre 18 y 19 años, y el 36% (15,737) entre 20 y 29 años. Asimismo, el 96% de la población penal son hombres (40,606) y solo el 7% (2,860) son mujeres.

Hacinamiento en cárceles

Entre los años 2006 y 2008 la población penal del país aumentó en 16%, lo que ha agudizado el problema del hacinamiento en las cárceles. Siete de las ocho Direcciones Regionales que agrupan a todos los establecimientos penitenciarios del país sobrepasan su capacidad poblacional. El caso más grave lo registra la Dirección Regional de Lima -que comprende Ancash, Callao, Ica y Lima- donde se sobrepasa la capacidad instalada en 120%. Es decir, existen 22 mil presos hacinados en 16 prisiones con capacidad total para atender a un máximo de 10 mil internos.

Buenas Prácticas

“Si bien todavía queda mucho por mejorar en las condiciones de las cárceles, existen experiencias que buscan dar soluciones, como la del INPE que instaló un Centro de Operaciones Tecnológicas para el registro y detección de huellas digitales de los internos, mediante el cual se redujo el tiempo de inscripción de internos y de emisión de antecedentes judiciales de 10 días a unos pocos minutos.

Del mismo modo, el Poder Judicial implementó el Registro Nacional de Condenas, gracias al cual se agilizaron los trámites para la obtención de Certificados de Antecedentes Penales, que hoy se pueden obtener en solo 10 minutos”, manifestó Juan Carlos Cortés, presidente de Ciudadanos al Día.

“Otra buena práctica identificada por CAD es la de la Fiscalía del Módulo Básico de Justicia de El Agustino, que aplicó el modelo de Justicia Restaurativa, por el cual se excluye del proceso judicial a adolescentes con un alto potencial de recuperación y se les deriva a un programa educativo, a cargo de especialistas de las áreas legal y psicosocial, que lo revincula con su comunidad”, planteó Cortés.

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