
Palomino, una de las víctimas del proceso de criminalización de la protesta social en el Perú, fue procesado en dos oportunidades bajo el supuesto delito contra la Tranquilidad pública y Extorsión, por ser dirigente y por apoyar la movilización amazónica de la selva central, en marzo de 2009. Por estas acusaciones el joven dirigente fue absuelto pero no se libró de ser detenido durante dos meses.
“Como no pudieron condenarlo por estos supuestos delitos, fue acusado de Tenencia ilegal de Armas, cargo por el fue finalmente condenado y sentenciado a 5 años de prisión efectiva. Hoy, tras permanecer más de un año detenido, Palomino ha logrado la libertad provisional”, señaló Víctor Lizárraga, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
El abogado agregó que en este proceso, quedó demostrado que Fredy Palomino no portaba armamento. “Se ha probado, mediante las pericias correspondientes, que Palomino no portaba armas ni que efectuó disparo alguno. Por el contrario, se sospecha que los custodios de la Comisaría de Pichanaki habrían colocado el arma con la finalidad de imputarle el delito”, agregó.
Asimismo, Lizárraga expresó su preocupación por el nuevo proceso penal que el Segundo Juzgado Penal de La Merced ha abierto contra el mencionado dirigente. “Ahora lo acusan por el delito de Usurpación, por hechos que sucedieron cuando se encontraba en el Penal de La Merced. Esta nueva denuncia demuestra que continúa la persecución legal en contra del dirigente Palomino”, manifestó.
A su vez, Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de APRODEH señala que la institución continuará defendiendo al mencionado dirigente en razón al reclamo de sus derechos. “La privación de la libertad, las denuncias sin pruebas y los procesos indebidos contra Fredy Palomino son una clara muestra del proceso de criminalización de la protesta social pacífica que viene vulnerando los derechos de los dirigentes sociales, amazónicos e indígenas que defienden sus derechos”, sostuvo el directivo de APRODEH.
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