Lima, Perú (Spacio Libre/Peru21).- Después de tres muertes tras la represión policial en las protestas de los pobladores de Islay (Arequipa), el gobierno central decidió reaccionar y resolver un conflicto que pudo evitarse hace muchos meses, tras cancelar definitivamente la ejecución del proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú.
La decisión se tomó, luego de una reunión entre el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, el titular del interior, Miguel Hidalgo, autoridades de Arequipa y dirigentes de la sociedad civil del valle del Tambo.
Al finalizar, se emitió una resolución directoral “que declara inadmisible y rechaza el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María”, que está a cargo de la empresa Southern Peru Corp.
“Igualmente, se dispone que la empresa Southern deberá abstenerse de ejecutar cualquier actividad como parte del proyecto. Y, en consecuencia, deberá efectuar el retiro de equipos, maquinarias e insumos del lugar”, explicó en conferencia de prensa, el ministro Sánchez.
Sánchez manifestó que una de las medidas planteadas por su sector para resolver la protesta en Islay, fue que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la entidad que evalúe la viabilidad del estudio de impacto ambiental.
“En consecuencia, cuando la empresa presentó el estudio nosotros lo trasladamos a la UNOPS y esta emitió un conjunto de observaciones”, sostuvo Sánchez, tras comentar que el MEM esperaba que la empresa levantara dichas observaciones para luego volver a trasladarlo a la UNOPS.
“Sin embargo, en este procedimiento y dada la situación en que se encuentra el proyecto, hemos tenido que adelantar la evaluación y revisar los documentos del EIA, concluyendo que hay algunos elementos que son insalvables en este proyecto, lo cual declara su nulidad”, explicó.
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