El Reporte Nº 85, elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, explica que, del conjunto de conflictos sociales, 162 se encuentran activos (69%) y 74 se hallan en estado latente (31%). Asimismo se da cuenta de cinco acciones de violencia subversiva ocurridas durante el tercer mes del año.
Con relación a los tipos de conflicto, se precisa que, del total de conflictos registrados en marzo, 116 casos (el 49%) se vinculan a problemas socioambientales. A éstos se suman 26 casos que involucran a gobiernos locales (11%), entre otros.
De igual modo se brindan detalles de siete conflictos sociales que han pasado del estado activo al latente, y se informa que se retiró del registro principal a cinco casos latentes al no producirse hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias. Además se han reactivado dos casos laborales, ubicados en Áncash y Lima.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha mostrado su preocupación por los hechos acontecidos en Islay con relación al proyecto Tía María, ya que si bien se ha arribado a acuerdos con el Estado, nada justifica la muerte de tres personas y de más de cincuenta heridos.
Asimismo, ha señalado que se mantendrá atenta al resultado de las investigaciones a cargo del Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades de ley. Por ello, reitera que los conflictos sociales deben ser encaminados siempre por el camino del diálogo, para evitar situaciones violentas.
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