Por: Brenda Álvarez
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A finales del 2012, la propuesta de Código recibió dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, primera comisión dictaminadora, cuyo pronunciamiento planteó un retroceso en el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes referentes a los siguientes temas: participación, cuyo ejercicio estaría sujeto a la aprobación de los padres, madres o tutores; erradicación del castigo físico, otorgándoles prerrogativas a los padres, madres o tutores de usar el castigo cuando este sea con fines correctivos; y derechos sexuales y reproductivos, atribuyendo toda la responsabilidad sobre este aspecto a la familia y eliminando la responsabilidad del Estado como principal obligado de garantizar estos derechos. Si bien resultaba un tanto comprensible, por decirlo de algún modo, el contenido del dictamen, por la composición de la Comisión, ya que en su anterior legislatura tenía entre sus integrantes a sendos y sendas militantes antiderechos, no era menos desconcertante.
El mismo proyecto fue derivado a la Comisión de la Mujer y Familia, segunda comisión dictaminadora, actualmente presidida por la congresista fujimorista Aurelia Tang de Inafuko, la que en estos días emitirá pronunciamiento. Esta Comisión podría haberse diferenciado de la anterior, sin embargo, el proceso ha sido también nefasto. Y mantiene retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Resulta desconcertante que una Comisión del Congreso de la República, que tiene en sus manos la norma más importante en materia de derechos para las niñas, niños y adolescentes, tenga un desempeño tan precario, que más allá de legislar de acuerdo al desarrollo jurídico nacional e internacional y velar por la vigencia de un Estado laico, haya prestado oídos a organizaciones de carácter confesional que argumentan en pro del desconocimiento de derechos de los menores, y cuya opinión, según se ha puesto en conocimiento estos días, resultara determinante en la redacción final del contenido del artículo 27 sobre derechos sexuales y reproductivos.
Según el texto del predictamen, el contenido del artículo 27 sería:
Artículo 27: Educación sexual integral: Es deber de los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, orientar la educación sexual integral de sus hijos o adolescentes bajo su cuidado. El Estado brinda asistencia a los padres o tutores para asumir este deber, a través de programas especializados gratuitos y accesibles.
Si el texto en referencia fuera el contenido final del dictamen, esta Comisión estaría desconociendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, como lo mencioné líneas anteriores, refiere que el principal obligado para garantizar el derecho a la libertad sexual a los y las adolescentes y, por ende, facilitar acceso a información, educación sexual integral, servicios de salud sexual y reproductiva especializados, es el Estado. Por lo que nuevamente nos pondrían en un contexto de inconstitucionalidad.
Una vez más el Estado estaría legislando de espaldas a la realidad nacional que reporta un inicio sexual cada vez más temprano, con una tasa de 13.5% de embarazo adolescente que en casi 20 años no ha disminuido, y en la que, prácticamente, la responsabilidad de “educar” y “orientar” en sexualidad ha recaído en los padres, madres y tutoras por la ausencia de políticas de Estado.
Una vez más el Estado estaría trasladando el deber de abordar un aspecto tan fundamental en la vida de las personas, como es la sexualidad, a las familias, que en su mayoría distan del modelo perfecto, en las que las relaciones de violencia son el pan de cada día, y en las que el padre muchas veces es el agresor. Una vez más sería el propio Estado quién estaría generando obstáculos legales para implementar sus políticas y cumplir con sus metas establecidas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, el cual, entre otras medidas, se plantea una reducción de un 20% el embarazo en adolescentes.
Como vemos, el panorama no es el mejor. Y no lo será en el Pleno del Congreso, en el que solo es una minoría aquella que se muestra respetuosa de los derechos. Nos queda seguir denunciando la violación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y, como ciudadanía, seguir recurriendo a las instancias nacionales e internacionales.
Esperemos que no sea lejano el día aquel en el que la esquizofrenia estatal sea solo un mal recuerdo.
(Nota de redacción: Al cierre de esta columna, el Congreso decidió aprobar la norma criticada en este texto. Para saber más lea aquí)
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