A razón de la reforma del Código de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por: Brenda Álvarez
De un tiempo a esta parte vengo preguntándome: ¿qué concepto tiene el Estado sobre los niños, niñas y adolescentes? Y de tanto preguntarme quedo más confundida, y no por carecer de información, sino por todo lo contrario: existen prolijas posiciones contradictorias desde el Estado que podrían llevar a la confusión a cualquier persona que esté interesada en el tema. Lo lamentable de todo es que este evidente “caos” deviene en la violación sistemática de derechos fundamentales de quienes consideramos el futuro del país.
Recordemos nada más el año 2006, por no ir muy lejos, en el que el Estado, supuestamente preocupado por el alto índice de violaciones sexuales a adolescentes, lejos de generar e implementar políticas públicas que apunten a erradicar la violencia, recurrió al ámbito penal, a través de la Ley N° 28704, penalizando las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18. El efecto inmediato de esta ley fue: 1) desconocer el derecho a la libertad sexual de los y las adolescentes, 2) limitar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y 3) generación de procesos judiciales a adolescentes.
Y digo supuestamente, ya que, a la fecha, ni han disminuido las violaciones sexuales a adolescentes, ni se han implementado políticas efectivas contra la violencia; pero sí se ha continuado con una tradición legislativa de vulneración de derechos fundamentales. A juicio de muchos, y me incluyo, el único fin de esta medida era controlar el ejercicio de la sexualidad de los y las adolescentes.
Ese panorama desconcertante había cambiado, aparentemente, con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el cual en diciembre del año 2012, atendiendo al pedido de más de 10 mil ciudadanos y ciudadanas, declaró la inconstitucionalidad de esta Ley , y reconoció a las y los adolescentes entre 14 y 18 años de edad la titularidad del derecho a la libertad sexual.
Asimismo, consideró que “el Estado no solo tiene el deber de no intervenir desproporcionadamente en este derecho, sino también de realizar acciones que posibiliten su libre ejercicio”, es decir, tiene la obligación de crear reales posibilidades de acceso a servicios de salud de calidad e información necesaria sobre su sexualidad sin discriminación.
Sin embargo, cuando todas y todos estábamos convencidas de que el Estado estaría por una buena vez en el camino del respeto y garantía de los derechos, nos dimos con la puerta en la cara. Esta vez los ojos están puestos en el proceso de reforma del Código de niñas, niños y adolescentes que viene siendo debatido en el Congreso de la República desde el 2011.
La propuesta de anteproyecto fue presentado por el congresista Juan Carlos Eguren, del PPC, a través del proyecto de ley N° 495-2011-CR, cuyo contenido planteaba una mejora al Código vigente. Una actitud responsable como Estado, y respetuoso de los derechos humanos, nos plantearía dar un paso adelante en alinear nuestra normativa interna a los estándares internacionales sobre estos derechos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Sin embargoEmpero, en el Perú, al parecer, estamos aún lejos de esta posibilidad.
*En la próxima columna más detalles sobre esta discusión
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