Lima, Perú (CNR).- El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) viene preparando el terreno para la aplicación de consultas sobre las actividades mineras en las provincias de Jaén y San Ignacio (Cajamarca).
Así lo anunció Carlos Martínez, presidente del FDSFNP, quien a través del programa «Diálogo Directo» de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), destacó la necesidad de que el Ejecutivo preste atención al rechazo de los comuneros de ambas localidades a la presencia de la minería.
Recordó que, en setiembre del 2005, el FDSFNP organizó una consulta vecinal en Ayabaca, Huancabamba y el Carmen de la Frontera (Piura), donde un 96% de los votantes se declaró en contra del proyecto Río Blanco, a cargo de la ex minera Majaz (hoy Rió Blanco Copper).
Martínez Solano señaló que el objetivo de esta convocatoria es que «el gobierno entienda que existen voces en el interior del país que le dicen, esto es el costo-beneficio de lo que proponemos. Nosotros decimos no a la inversión minera no porque seamos antimineros, sino que hemos propuesto y enarbolado un proyecto de desarrollo que es el
agro industrial», sostuvo.
Señaló que la problemática de las concesiones mineras en el norte del país, incluyen el establecimiento de un distrito minero, toda vez que el Estado ha otorgado más de 28 mil hectáreas para tales actividades extractivas.
No obstante, dicho espacio abarca zonas de alta biodiversidad como páramos y bosques de neblina. Incluso, se proyecta hasta la frontera con Ecuador, donde «los dueños son chinos y alguna empresa chilena lo cual genera problemas a comunidades y convulsión social en Jaén, San Ignacio (Cajamarca), Ayabaca y Huancabamba (Piura).
Así mismo, para el caso particular del proyecto minero que impulsa Río Blanco, Martínez recordó que -aparte de no contar con la licencia social- existe sendos informes del Congreso de la República y de la Defensoría del Pueblo que corroboran la presencia ilegal de dicha compañía.
En tal sentido, resaltó la necesidad de implementar una política similar a la de otros países, donde antes de repartir en concesiones mineras se evalúa el costo-beneficio de hacerlo, así como sus impactos ambientales.
«En el Perú sucede exactamente al revés: se da la concesión minera, luego vienen los conflictos; luego se hace el pedido del Estudio de Impacto Ambiental a la empresa minera, que lo hace a su medida; entonces, eso genera problemas», enfatizó.
Finalmente, el también alcalde de San Ignacio dejó entrever cierta desconfianza con relación a la posibilidad de que el premier Yehude Simon pueda cumplir con su oferta de resolver este conflicto, asumida en la reunión sostenida ayer con los dirigentes del FDSFNP.
«Tenemos esperanza en la predisposición de Simon para escuchar a comunidades (…) de hacer las cosas con transparencia y con objetividad e imparcialidad; pero no sé si esos ofrecimientos se hagan realidad, porque es cierto hay una política de Estado que quiere imponer a viva fuerza la minería, y jamás escuchar a los que a veces no tenemos voz desde el interior del país», concluyó.
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