Lima, Perú (Spacio Libre).- El Colectivo “Nadie nos paga”, interesado en conflictos sociales desatados a partir del actual modelo extractivo de desarrollo, puso sobre el tapete el tema de los convenios policiales entre el Estado y algunas compañías mineras, tema que, al parecer, había estado pasando desapercibido y que tiene como principal actor a la Policía Nacional del Perú.
El 28 de Julio del 2012, el presidente de la República, Ollanta Humala, dispuso que las instalaciones policiales que se encontraban en campamentos o propiedad de empresas privadas sean retiradas. Sin embargo, existen privilegios inconstitucionales que el Estado peruano está otorgando a algunas empresas privadas, como por ejemplo los convenios que se tienen suscritos con las mineras para su seguridad particular. Esta situación hace surgir la pregunta ¿Cuándo se volvió constitucional que una estación policial del Perú quede dentro de las instalaciones de una empresa privada y sirva a esta como su agencia de seguridad particular?
Para entrar al problema, se debe recordar que existen convenios que permite que la Policía Nacional del Perú (PNP) destaque efectivos para detectar y neutralizar riesgos que atenten contra las instalaciones o personal de algunas compañías mineras, con la condición de que la compañía minera asuma el costo de reposición del armamento en caso de pérdida si ésta fue producto de enfrentamientos contra delincuentes terroristas, o delincuentes comunes, o grupos organizados. Los mismos convenios niegan que exista una relación laboral entre el Estado Peruano y las empresas mineras, pero entonces, ¿De qué manera se calificaría el vínculo entre la policía y la minera si no es laboral? Otro problema que se desprende de estos convenios es que, siendo la empresa minera la que costea estos servicios, se deja implícito que es ella y no el estado quien define lo que es un “grupo organizado”, lo que, llevado a sus últimas consecuencias, podría ocasionar que un grupo de ciudadanos organizados para hacer valer sus derechos contra un proyecto minero que rechazan, sean tildados de “grupo organizado”.
Se debe recordar que en Julio del 2012, 5 personas fueron asesinadas por armas de fuego pertenecientes a efectivos policiales en el marco de las protestas contra la imposición de un proyecto minero, en Bambamarca y Celendín, localidades de Cajamarca. Sin embargo, ¿Quién tiene algún proceso abierto producto de estas investigaciones?
Por último, queda la duda acerca de la razón que existe para concentrar tanto efectivo policial en zonas pacíficas y a un trabajo de seguridad privada, habiendo tantos lugares de alta peligrosidad donde se les necesita y se le podría ubicar. Y además, el colectivo “Nadie nos paga” deja abierta una reflexión acerca de la visión de país que impulsa el gobierno de Humala, y consecuentemente con esto, acerca del orden de sus prioridades.
Aquí el video del colectivo «Nadie nos paga»:
Por: Lizardo Silva / @lizardodavid
Sobre el autor
Creo q olvidaste el famoso video del policia en Cajamarca insultando a una mujer, ante su reclamo, diciendole: «Porque son unos perros, CTM?»