Lima, Perú (Spacio Libre).- El contralor de la república, Fuad Khoury, asistió a las comisiones de Fiscalización y Defensa del Congreso de la República y declaró conocer casi una docena de irregularidades en el contrato que el Estado peruano firmara con la empresa israelí Global CST. La fiscalía abrió una carpeta de investigación a todos los implicados en el caso, en la esperanza de esclarecer los hechos. Rafael Rey será citado mañana.
Las principales irregularidades detectadas incluyen la fragua de resoluciones y varios pagos indebidos hechos a la empresa israelí. Destaca que el pago se le haya hecho a la empresa de manera muy apresurada sin que esta haya prestado los servicios completos al Estado, como suele hacerse siempre.
De la misma manera, es irregular el aumento en el precio del contrato, que subió de 9 millones 100 mil dólares a 13 millones 359 mil, porque en el contrato no figuraban los impuestos. Aunque suene increíble, fueron las Fuerzas Armadas (FF.AA.) las que pagaron la diferencia.
La empresa no contó con un informe de auditores (que es lo normal) para los procesos de transparencia. Tampoco hubo un proceso de selección tras la competencia con empresas del mismo rubro. Incluso la carta de garantía se entregó 17 días después de firmado el contrato, en una actitud inaceptable. La carta fianza entregada finalmente declaraba no garantizar las actividades suscritas en el contrato, lo que la hacía inejecutable. Aún así, fue aceptada por el Comando Conjunto de las FF.AA.
Sujétese bien a su silla, que eso no sería lo peor.
La empresa israelí Global CST no pertenece a la lista de empresas documentadas en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Si una empresa no está ahí, simplemente no está habilitada de realizar ninguna transacción con el gobierno. ¡Y nuestras Fuerzas Armadas suscribieron un contrato ilegítimo!
Y es que, en verdad, no se sabe la razón por la cual el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) legitimó el contrato. Global CST no ofrecía ni siquiera servicios de calidad: la tercera parte del personal contratado no tenía ni 20 ni 30 años de experiencia, como decía el contrato. Ni mucho menos eran especialistas en capacitación.
Es decir: firman un acuerdo ilegítimo, nuestras FF.AA. pagan impuestos ajenos con la plata de todos los peruanos y el servicio de la empresa es pésimo (sin contar que presentan su documentación fuera de tiempo y no entraron a concurso). Evidentemente, hubo un serio interés particular en mantener a Global CST. Enhorabuena a la Contraloría por continuar con las investigaciones.
Con información de Diario 16
Por: Leonardo Cárdenas / @epidemor
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