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Foto: www.fooddigital.com
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Lima, Perú (Spacio Libre).- Las compañías petroleras y mineras están incrementando sus acuerdos establecidos con los derechos humanos, así lo da a conocer la última investigación de Oxfam América, que presenta un estudio de las políticas públicas de 28 compañías petroleras y mineras.

Inmet, Newmont, Talisman Energy, Rio Tinto y Xstrata, son cinco de las empresas encuestadas que han manifestado públicamente su compromiso explicito con el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI). A demás, 20 empresas han integrado, directa o indirectamente, conceptos generales de apoyo de la comunidad o licencia social en sus posturas hacia actividades de desarrollo de proyectos.

En el informe se resalta que todas las compañías, con excepción de dos de ellas, se comprometen a respetar los derechos humanos especialmente en el Marco de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. De las 28 empresas analizadas, solo 23  se comprometen públicamente a respetar particularmente los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no son claros en el tema del consentimiento de la comunidad.

Estos cambios en las empresas en los últimos tres años se deben en gran parte a la intensificación de los conflictos sociales y a las controversias de los proyectos mineros, al lado de las nuevas normas internacionales de crédito financieros establecidos para el sector privado por parte del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional.

 

Conflictos


Con los crecientes conflictos sobre los derechos de la tierra, agua y minerales, las empresas tienen que trabajar con las comunidades para asegurar que tengan una voz significativa en el proceso de toma de decisiones, y que los proyectos elaborados deben contemplar el respeto de los derechos humanos. De esta manera, cada semana las empresas pueden perder 20 millones de dólares por demoras ocasionadas por diversos conflictos sociales.
Así lo demuestra lo ocurrido en Nigeria, en el 2005, que perdió hasta 800 mil barriles al día por la violencia en el Delta del Níger.

Sobre los problemas sociales ocurridos por el proyecto Conga, Newmont sostiene haber tenido pérdidas aproximadas de 2 millones de dólares diarios durante los primeros días de las protestas locales que paralizaron sus operaciones. Y acerca del proyecto Quilish, durante las dos semanas de protestas, el valor de las acciones de Newmont bajo en 7%.

Emily Greenspan, asesora de políticas de la organización internacional de ayuda social Oxfam América con sede en Washington DC, afirma que debido al impacto económico ahora las empresas se están dando cuenta que deben de abordar los crecientes riesgos asociados con obtener el consentimiento de la comunidad y mantener una licencia social.

El informe señala que actualmente el CLPI es considerado como un estándar de oro y se manifiesta como un principio de “prácticas óptimas” para el desarrollo sostenible, empleado para reducir el conflicto así como para realzar la legitimidad del proyecto, pues exige a las comunidades a estar debidamente informadas de los proyectos extractivistas.

                         

Por: Sandra Loise Reyes Martínez/ SandraLoiseM

 

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Por Spacio Libre

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