Lima, Perú (Spacio Libre).- Luego de 5 años de presentado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al país, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (COMISEDH), consideró negativo el balance de los avances en el cumplimiento de sus recomendaciones.
En el análisis presentado por COMISEDH se considera que en el tema de las reparaciones y de la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos son todavía incipientes y sus perspectivas son inciertas y preocupantes.
Mediante un comunicado, COMISEDH señala que a nivel de las reparaciones tampoco hay aspectos demasiado positivos, porque «no se sabe si se otorgarán reparaciones individuales, promesa que el Presidente debe cumplir, porque no hay recursos para el Consejo de Reparaciones que debe hacer el registro único de víctimas indispensable para recibir reparaciones, porque las reparaciones colectivas son insuficientes y están siendo otorgadas como si fueran obras sociales del gobierno y no como un acto de reparación a los daños que las comunidades y poblaciones sufrieron durante la violencia».
Así mismo, manifiestan que en la judicialización de violaciones a los derechos humanos, no se ha avanzado pues el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se niegan a otorgar la información que las autoridades judiciales le demandan sobre operativos y personal militar involucrados en las investigaciones.
Además «las instancias creadas especialmente para investigar y juzgar casos de violaciones de derechos humanos (Sala Penal Especial y Juzgados Supraprovinciales) les han ampliado la competencia para tratar otras materias (propiedad intelectual, delitos tributarios, aduaneros, criminalidad organizada) afectando de esta manera la atención y especialización que requieren los casos de derechos humanos»
Finalmente, el pronunciamiento considera que en materia de las reformas institucionales propuestas por la CVR como garantías de no repetición de los hechos de violencia entre los años 1980-2000 no existe ningún avance significativo.
En relación al Plan Nacional de Investigación Antropológico Forense (PNIAF), sobre el cual la CVR dejó sus lineamientos esenciales, no se ha hecho nada. No existe un registro actualizado de los miles de sitios de entierro con restos humanos a nivel nacional (las CVR dejó un avance del mismo) ni por supuesto el plan (el PNIAF) para investigar y atender esta grave situación. Existen más de 6,000 sitios de entierro (fosas y otros) donde se encuentran miles de peruanos, probablemente muchos de los más de 12,000 desaparecidos registrados, sin que el Estado desarrolle ninguna investigación y propuesta integral para ubicarlos, identificarlos, devolverlos a sus familiares y sancionar a los responsables.
Sólo se han efectuado de manera dispersa y sin un plan determinado alrededor de 70 exhumaciones en los últimos 5 años, es decir un promedio de 14 exhumaciones por año. A ese ritmo los 50 años que alguna vez se mencionaron resultarían insuficientes.
A nivel de la difusión del informe final existe una enorme y grave omisión. Éste simplemente no se ha difundido. El pueblo peruano desconoce el informe final de la CVR y ninguna propuesta para su amplia difusión, ha sido cumplida por el Estado. Más aún, este informe ha debido y debe ser objeto de un amplio debate nacional que atraviese todas sus instituciones. Por otra parte, tampoco es objeto de enseñanza en colegios ni instituciones de educación superior y es probable que muchos políticos ni siquiera lo conozcan.
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