Internacional (Spacio Libre/IDL).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sesión 134º, manifestó hoy su preocupación por el incumplimiento de parte del Estado peruano de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que resolvieron que los magistrados del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) debían ser oficiales militares en retiro, y designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Es la tercera vez que esta instancia supranacional trata en audiencia el problema del fuero castrense en el Perú. La CIDH escuchó los argumentos de los representantes de la sociedad civil, así como de la representación del Estado peruano.
Juan Carlos Ruiz Molleda (representante del Instituto de Defensa Legal – IDL) señaló que la principal razón por la que se acude, por tercera vez, a la CIDH, es por el grave incumplimiento y desacato de las sentencias del TC. Pese a que ya son nueve las sentencias que en esta materia han sido emitidas por el órgano constitucional, hasta la fecha el Congreso de la República no las acata en su totalidad. Por el contrario, ha emitido una legislación (Ley 29182, Ley de organización y funciones del fuero militar policial) parcialmente contrapuesta a las mismas.
Ruiz Molleda manifestó que, de manera reiterada, el Legislativo ha insistido en mantener el fuero militar policial, desconociendo la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, y pese a los pronunciamientos del TC, que señalan que: (i) los jueces de este fuero no sean militares en actividad, (ii) sean designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, (iii) cuenten con inamovilidad en el cargo, y (iv) que exista un único Ministerio Público, y no una fiscalía especial para militares, ya que ésta instancia tiene el monopolio de las funciones persecutorias y requirentes en materia penal.
En este sentido, el representante del IDL señaló que la única finalidad de la audiencia era buscar que la Comisión exhorte al Estado peruano a adecuar el fuero castrense a la Constitución Política y a los estándares internacionales de derechos humanos, así como el cumplimiento de las sentencias del TC. Para ello, solicitó la derogatoria de los artículos 9, 10, 15, 19 y 22 de la Ley Nº 29182, que disponen que los jueces y fiscales militares policiales deben ser oficiales en situación de actividad.
Por su parte, el Estado peruano, representado por el contralmirante (r) Carlos Meza Angosto (presidente del Tribunal Supremo Militar Policial), y el abogado Edgard Carpio (representante del Congreso de la República), defendieron la vigencia de la actual ley. Ello, pese a que en un momento de sus alegatos, reconocieron la existencia de un incumplimiento de las sentencias del TC.
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