Lima, Perú (Spacio Libre).-Hoy, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, solicitó a todos los jueces de la nación a sancionar con la pena máxima de 25 años acatada en el Código Penal y no otorgar ningún beneficio a aquellos responsables de trata de personas, mucho menos cuando las víctimas son niños.
Además opinó que la legislación del estado prevé de sanciones drásticas a aquellos que son responsables de delitos contra los derechos humanos, sin embargo, en algunos casos los jueces permiten que los criminales sean respaldados por figuras legales como la “confesión sincera”, para que les sean otorgadas menores penas y que accedan a ciertos beneficios para que los autoricen a salir en libertad en un menor tiempo.
La ministra manifestó que es primordial que los operadores de justicia en nuestro país como son los policías fiscales y jueces se sensibilicen y que no den ninguna muestra de blandeza ante las mafias dedicadas al tráfico de personas.
«Estas organizaciones delictivas operan bajo la fachada de agencias de empleo que ofrecen buenos ingresos, pero que luego incumplen y llegan a retener los documentos de las víctimas e incluso las secuestran», manifestó.
A los responsables de este crimen se le otorgará la sanción según el artículo 153-A de la Ley 28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que estipula los casos agravados de estos delitos, la pena será hasta 25 años de cárcel cuando la víctima es menor de 14 años de edad o padece, temporal o de forma permanente, de alguna discapacidad física o mental.
Además se ejecutará esta sanción cuando los autores del delito pertenecen a una organización criminal o cuando la victima haya quedado sin vida, con alguna lesión grave o se ponga en inminente peligro su seguridad.
Asimismo, Jara hizo un llamado un llamado a los gobiernos regionales y locales para que juntos puedan colaborar activamente en la lucha contra este crimen atroz que –según refirió- constituye el delito más rentable en el mundo luego del tráfico de armas y de drogas. Además agregó, de que en ciertos casos las autoridades se dejan corromper por los delincuentes dejando de lado el rol de proteger y velar por las poblaciones vulnerables.
“Se trata de un delito muy complejo y dinámico porque los que ejercen la trata de personas cambian de zona de operaciones constantemente para evitar que las autoridades los intervengan y pongan a disposición de la justicia”, detalló.
Jara señaló, asimismo, que existe un registro oficial de víctimas (77 casos durante el año 2012, según estadísticas de la Policía Nacional) que no refleja la realidad de lo que acontece en el país, por lo que se hace necesario sumar esfuerzos para elaborar una Línea de Base que permita establecer mejores políticas públicas para enfrentar la trata de personas.
Con ese objetivo, la representante del Ministerio de la mujer y de las poblaciones mas vulnerables (MIMP) suscribió hoy un convenio marco de cooperación institucional con el representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), José Dávalos. El acuerdo permitirá realizar acciones conjuntas para brindar atención a las víctimas de trata de personas y cautelar sus derechos como poblaciones vulnerables.
Refirió que el convenio permitirá a ambas entidades colaborar para el desarrollo e implementación de actividades como promoción de eventos, conferencias, ponencias y cualquier otra iniciativa que abarcará también temas de migración y políticas de población, desplazamiento y atención a víctimas de la violencia, así como respuesta ante emergencias.
Además, la OIM ha centrado sus labores en asistir, dar apoyo técnico y asesoramiento a los gobiernos, ciudadanos e instituciones sobre gestión migratoria y la defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Por: Esthefany Chacaltana / @EsthefanyCN
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