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AI-silvia toledo

Por: Luis Pacheco Quispe.
@Pacheco_Quispe

Ante la acción brutal de grupos armados sobre las poblaciones civiles, amenazas contra la libertad de expresión, empeoramiento de las crisis humanitarias, aumento de personas desplazadas a causa de los conflictos, entre otras, se exige auxilio y protección de toda la comunidad internacional.

El Informe Anual que presenta Amnistía Internacional sostiene que la respuesta global a las atrocidades cometidas por los Estados y los grupos armados es vergonzosa e ineficaz. Además, pide la renuncia al derecho de veto – o sea, eliminar decisiones que se tomaron en asamblea – de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) en situaciones de atrocidades masivas.

Estamos informados de lo que sucede en Afganistán, Kenia, Nigeria, Rusia, Turquía, Pakistán: reiteradas violaciones de derechos humanos, torturas, comunidades aterrorizadas y vulnerables, ejecuciones, criminalización de la libertad de expresión y centenares de personas acusadas de terrorismo o sospechosos de pertenecer a grupos islamitas. Para el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, los dirigentes gubernamentales intentan justificar las violaciones de derechos humanos hablando de la necesidad de un mundo “seguro”.

La mirada de los derechos humanos en Perú

La situación en Perú no dista de estos temas. Así tenemos que:

  • Hasta el momento no hay respuesta del Estado para reparar el daño a casi 200 mil mujeres esterilizadas en la década de los 90.
  • En diciembre del año pasado y enero de 2015, la represión de los policías en las marchas pacíficas de jóvenes que reclamaban sus derechos, es muestra del abuso por parte del gobierno. Ni qué decir de lo sucedido en Pichanaki.
  • ¿Continuamos? Bien, muertes por uso excesivo de la fuerza en conflictos sociales justamente en zonas afectadas por empresas extractivas (el diálogo lo realizan después y no antes).
  • No existe avances en materia de derechos sexuales.
  • No se establece presupuesto para implementar el aprobado Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura. En fin, el panorama es complicado.

Para el presidente del consejo directivo de Amnistía Internacional – Perú, Alonso Ortiz, existen leyes en nuestro país que permiten la impunidad. Estas normativas impiden crear el ambiente de concertación con las poblaciones que se sienten amenazadas.

Mientras aumenten las denuncias de abusos, la respuesta de los organismos será pronta. Las poblaciones no deben callar y enfrentar junto con la sociedad civil todo lo que afecte a su comunidad.

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Alonso Ortiz, presidente del consejo directivo de AI: «Alonso Ortiz, existen leyes en nuestro país que permiten la impunidad» / Foto: Luis Pacheco (Spacio Libre)

 

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