Lima, Perú (Spacio Libre).- Desde hace dos semanas, Nury García Córdova, dirigente social de Huamachuco (La Libertad) y directora de la ONG Proyecto Amigo, institución integrante de la Red Muqui, viene siendo víctima de constantes amenazas de muerte, a través de llamadas telefónicas intimidatorias en las que le advierten que debe tener cuidado con el apoyo que viene brindando a las organizaciones sociales de la zona para la defensa de sus derechos.
“La voz cuestionaba el trabajo de articulación que venimos realizando con organizaciones sociales en diferentes talleres, acusando a uno de sus dirigentes de ser terrorista, que era peligroso, que estaba advertida”, narra García, quien además ha recibido llamadas en las que se escuchan disparos e, inmediatamente, se corta la comunicación.
Cabe mencionar que la provincia de Sánchez Carrión, en la Libertad, lugar en el que trabaja la ONG Proyecto Amigo, tiene más del 80% de sus territorios concesionado y sufre graves problemas de contaminación ambiental, principalmente por la actividad minero-extractiva.
La mayor parte de los conflictos sociales en la zona se dan entre población, las empresas mineras y la minería informal. A ellos se suman, los problemas de seguridad ciudadana y los altos índices de corrupción.
Es en este escenario que la ONG Proyecto Amigo viene impulsando un proceso de sensibilización de actores sociales sobre la importancia de que el plan de desarrollo de la provincia cuente con un enfoque de ordenamiento territorial, cuyo primer paso logrado en este año fue la conformación del núcleo impulsor, con una coordinadora colectiva integrada por el alcalde provincial de Sánchez Carrión y las organizaciones sociales (Ronderos campesinos, Ronderos urbanos y el Frente de Defensa de Sánchez Carrión).
Frente a lo expuesto, la Red Muqui rechaza rotundamente cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad física de la Sra. Nury García, representante de una de las instituciones asociadas de la Red Muqui, y que intenta coactar el ejercicio sus derechos civiles y ciudadanos.
Hacemos un llamado a las autoridades locales y nacionales a realizar una investigación seria que permita descubrir y sancionar a los responsables de este delito. Consideramos que ante hechos como el narrado, los líderes sociales y las instituciones de la sociedad civil deben contar con la protección del Estado peruano como garante de los derechos humanos.
Con información de Red Muqui
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