Lima, Perú (Spacio Libre/CNR).- Luego de casi un año de pesquisas divididas por dos pedidos de prórroga, la comisión del Congreso que investiga las Casas de la Alternativa Bolivariana para las Américas, más conocidas como las Casas ALBA, se prepara a entrar a la recta final.
Así lo anunció el titular de dicha comisión, el parlamentario Walter Menchola, quien en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) detalló que en la quincena de marzo próximo se presentará el informe final de las pesquisas efectuadas.
No obstante, para el congresista Edgard Reymundo, la investigación que se concibió a partir de las presiones del Ejecutivo no tendría otra motivación que “crear ruido político” para satisfacer las demandas mediáticas en contra de las casas ALBA y, de paso, desviar la atención de los problemas estructurales del país.
Según Reymundo Mercado, las investigaciones -que se iniciaron en abril de 2008 y debieron terminar 90 días después- no han arrojado evidencia alguna de que en estos locales se haya adoctrinado ideológicamente a los peruanos de pocos recursos que buscaron atención médica, tal como aseguraron ciertos actores del gobierno.
Aunque Menchola Vásquez fue más reservado y evitó lanzar apreciaciones hasta después de haber presentado las conclusiones del caso investigado, anotó la debilidad del Estado en sostener el funcionamiento de las instituciones públicas de salud en favor de quienes más lo necesitan.
El legislador de Unidad Nacional (UN) cuestionó cómo el gobierno no ha podido atender enfermedades como cataratas o carnosidades en los ojos. Demandó, por ello, que al Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera se le otorgue mayor presupuesto y fuerza institucional para concretar su cometido.
Como se recuerda, las casas ALBA es un programa creado por el presidente venezolano Hugo Chávez, que comprende dos campañas: «la Misión Milagro», que ofrece tratamiento oftalmológico gratuito; y «Yo Sí Puedo», que busca alfabetizar a campesinos. Las Casas ALBA funcionan también en Bolivia y Nicaragua y la primera fundada en nuestro país abrió sus puertas en Puno, en mayo del 2007.
La comisión que las investiga buscan probar si hubo o no injerencia política e ideológica por parte del gobierno venezolano en nuestro país, tal como lo sostiene el gobierno peruano.
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