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Lima, Perú (CNR/Spacio Libre).- Para no perder la costumbre, en una arrogante actitud, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz minimizó los conflictos socio ambientales suscitados en Piura, luego que la inversión minera se impusiera como modelo de desarrollo, en desmedro de las actividades agro-industrial que sirven de de sustento a la mayoría de comuneros.
Flores-Aráoz señaló que no le correspondía a su portafolio prever los conflictos socios ambientales, ni dialogar con la población, a pesar que el sector Defensa suscribió el Decreto Supremo Nº 024-2008-DF, que facilita las concesiones mineras a inversionistas extranjeros dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte; vale decir, en la sierra de Piura.
Las ocho concesiones mineras que estaban a nombre de la empresa Río Blanco Limited y que tienen una extensión de seis mil 500 hectáreas aproximadamente, han pasado ahora al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development. Adicionalmente, se han otorgado 27 derechos mineros que estaban a nombre de otras empresas, a la citada empresa china, sumando en total 35 derechos otorgados.
Pese a la insistencia de CNR por conocer cuáles serán las estrategias que tomará el Estado para proteger los intereses nacionales frente a las eventuales actividades de la minera china Zijin en la zona limítrofe con Ecuador, el titular del MINDEF evitó dar detalles al respecto, argumentando una cita de trabajo y que ya había hablado sobre el tema.
Momentos antes de ser abordado por la prensa, a propósito de la presentación de los Planes y Acciones del Ministerio de Defensa, Flores-Aráoz sugirió que la minería formal, casi por sí sola, propiciará el desarrollo al igual que la presencia de Estado en las zonas donde realizar sus actividades.
”La minería formal genera presencia de Estado, comisaría, juzgado de paz, el gobernador, etc.”, aseveró.
Flores-Aráoz parece olvidar, sin embargo, que 29 comuneros de Huancabamba y Ayabaca (Piura) fueron secuestrados y torturados precisamente al interior de una empresa minera, a fines de julio del 2005, según lo corroboran una serie de fotografías divulgadas en los últimos días.
Los comuneros sufrieron estos maltratos a manos tanto de agentes de la Policía Nacional como de la seguridad privada de la propia compañía minera, y en presencia de un representante de la Fiscalía.
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