Como se recuerda, en dichos avisos DRP amenaza con iniciar un proceso de arbitraje internacional amparándose en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Perú y Estados Unidos pues, según la empresa, el Estado peruano no habría cumplido con “eliminar obstáculos al comercio y promover la inversión privada por inversionistas de los Estados Unidos”.
Al respecto la Red Muqui consideró que el TLC no puede ser usado para amparar el incumplimiento de compromisos ambientales «como lo pretende hacer DRP, los mismos que han ocasionado daños en la salud de la población de La Oroya».
La nota de prensa de la Red Muqui establece que «todos hemos sido testigos de las facilidades que el Estado peruano ha brindado a la empresa minero-metalúrgica, las mismas que se han visto reflejadas en las reiteradas modificaciones y prórrogas al PAMA, cuyo objetivo ha sido beneficiar a la empresa».
«Resulta indignante la pretensión de DRP para que el Estado peruano asuma la responsabilidad por el daño que dicha empresa ha ocasionado a la salud de un grupo de niños de La Oroya, los mismos que han presentado demandas contra Renco Group en los Estados Unidos».
La Red Muqui recuerda que en el Perú «existe el principio por el cual quien contamina debe responsabilizarse de los daños que ocasiona con su actuar. DRP pretende que todos los peruanos asumamos las consecuencias de sus malas prácticas ambientales.
De otro lado, señala que uno de los argumentos esbozados por DRP es que la contaminación es responsabilidad del Estado porque no se remediaron los suelos.
Sin embargo, en la Resolución Directoral 082-2000-EM-DGAA, que modifica el PAMA de Centromin y que nunca objetó DRP, se estableció que, ante la imposibilidad de realizar la remediación de suelos, pues el Complejo Metalúrgico seguía contaminando e incluso las emisiones se habían incrementado, se postergaba la remediación de los suelos hasta que se culminara la ejecución del PAMA. Es decir, hasta que la empresa cumpliera con controlar las emisiones de polvo y gases de la fundición. Como sabemos, el PAMA de DRP todavía no ha sido ejecutado completamente debido a las reiteradas prórrogas que la empresa ha solicitado.
La nota aclara también que «Si bien el contrato de privatización es vergonzoso porque no respeta las bases de la licitación, no es cierto que el Estado esté incumpliendo con sus compromisos. La cláusula citada por Doe Run señala que si dicha empresa aplica normas y tiene prácticas peores que las que tenía Centromin Perú al momento de la firma del contrato, ésta debe asumir la responsabilidad que de ello se desprenda».
La Red Muqui invoca al Estado para que defienda con seriedad y solvencia los intereses de todos los peruanos y que no ceda ante las presiones de Doe Run Perú. Sería muy injusto que el Estado, además de todas las concesiones que le ha otorgado a la empresa, tenga que asumir indemnizaciones que no le corresponden.
Sobre el autor
En realidad el PAMA se prorrogó una sola vez en el 2006 concediendole a Doe Run 2 anios y 8 meses mas para que lo culmine, cuando laempresa habia pedido luego de un exhaustivo estudio tecnico 5 anios. La razón de pedir este mayor tiempo era simple : El PAMA original resultaba insuficiente y el estado lo habia estimado en solo 107,5 millones de dolares. Por presiones de ONGs y otros se concedio un plazo menor y en adición el gobierno condiciono esta prorroga modificando los estandares ambientales iniciales lo que ocasiono un incremento sustancial en su costo a tal punto que la empresa ya invirtio 312 millones y se estima le faltan 163 millones mas.
El tiempo ha demostrado que la empresa tenia razon, el PAMA ya estaría siendo finalizado y los bancos no hubieran quitado el financiamiento , pero eso es algo que lamentablemente no ocurrió.