Lima, Perú (Spacio Libre).- A ver. La ley de Transparencia, le permite al ciudadano común y corriente de manera individual u organizada pedir información a cualquier entidad estatal y se supone que la institución debe cumplir con entregar la información solicitada.
Esta información puede pasar, desde uso de recursos económicos hasta datos de ejecución de un proyecto de inversión. Pero ¿qué pasa si una institución del Estado, se niega por ejemplo, a dar información sobre un proyecto de inversión, argumentando que la empresa ganadora de la licitación NO LE DA PERMISO?
¿Risible?, ¿difícil de creer? Pues ni tanto, Petroperú, la empresa que se encarga del manejo y extracción del petróleo y fabricación de sus derivados se ha negado a brindar información respecto al proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (Piura), porque, según argumenta, la empresa española (para variar) «Técnicas Reunidas», le ha prohibido, a un ente autónomo como Petroperù a brindar informaciòn alguna sobre el proyecto.
La organización que se ha dado contra la pared en este pedido ha sido el Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC), coalición que agrupa a diversas organizaciones, que desde hace un tiempo realizó la investigación del más importante contrato de este gobierno, por más de mil millones de dólares; y «encontró una falta de transparencia que genera más de una duda».
A continuación detallamos parte del informe remitido por el GTCC respecto al tema.
En enero de este año, el GTCC solicitó en más de una ocasión a Petroperú información referida al proceso de licitación internacional para el PMRT, ya que teníamos conocimiento de las series objeciones que se habían planteado a la Buena Pro otorgada a la empresa española Técnicas Reunidas S.A. Sin embargo, la respuesta de Petroperú generó mayor preocupación: no podían entregar copias de la información solicitada hasta que la empresa española no autorizara e indicara si dicha documentación estaba dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Es decir, Petroperú ha sentado un precedente preocupante: gracias a un supuesto Acuerdo de Confidencialidad, las empresas privadas tienen la potestad de decidir si el Estado cumple o no con la Ley de Acceso a la Información; a pesar de tratarse de información que tiene que ver con el uso de los recursos de todos los peruanos y peruanas.
Otro hecho a destacar en este proceso es que, pese a que Petroperú otorgó la Buena Pro en diciembre de 2009, hasta el momento no había concretado la firma del contrato; y esto se debió – según conoció el Grupo de Trabajo contra la Corrupción – a que se encontraba verificando la veracidad de la información presentada por la empresa española como acreditación.
Petroperú ha publicado sólo algunos documentos del proceso, que no dan muchas luces sobre la idoneidad del mismo. Por ejemplo, no consignan – como normalmente se hace – el monto con el que la empresa española Técnicas Reunidas obtuvo la Buena Pro. (Ver Acta de Evaluación Económica y Adjudicación de Buena Pro)
Si se consignan los cuestionamientos planteados a la decisión por parte de 2 de los postores finalistas, todos vinculados a la falta de transparencia e información durante el desarrollo del proceso. Hasta donde tenemos conocimiento, dichos cuestionamientos no han sido subsanados. (Ver, también, Acta de Evaluación de Propuestas Técnicas) (Ver Acta de Presentación de Propuestas)
Por otro lado, el cambio del Gerente de Proyecto – en pleno proceso de licitación – también causa preocupación en el Grupo de Trabajo contra la Corrupción. El PMRT estuvo a cargo, desde 2005, de Pedro Méndez Milla, ex gerente general de Petroperú y gerente de la refinería de Talara; sin embargo, en mayo de 2009 fue cambio por Lino Cerna Díaz.
Cerna Díaz pertenece al entorno más cercano del actual Presidente de Petroperú, Luis Rebolledo Soberón, que tomó el cargo en reemplazo de César Gutiérrez, tras el escándalo de los petroaudios. Rebolledo, además, es miembro de la Asociación Nueva Economía junto con el Ministro de Transportes, Enrique Cornejo. Cerna Díaz fue nombrado pese a no tener experiencia en hidrocarburos y a tener procesos judiciales pendientes como consecuencia de una presunta usurpación del Decanato del Colegio de Economistas de Lima.
Por ello, el GTCC ha puesto de conocimiento de las Comisiones de Energía y Minas, y Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para que inicien las investigaciones y, en uso de sus facultades, soliciten la información relacionada con el proceso.
El GTCC expresa su preocupación por frente al aval presidencial que significa que el contrato se firme en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno; pese a que no se han absuelto los cuestionamientos y con la oposición de varios miembros del directorio de Petroperú.
NdeR: Más bien, de manera ¿irónica?, ¿jocosa?, la web de Petroperú publica lo que ellos consideran es su documento de transparencia sobre el proyecto, además de un diagrama que sólo ellos entienden.
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