Lima, Perú (Spacio Libre).-Después de 5 años, los daños y heridas, que causó el terremoto del 15 de agosto, no están reparados ni curados. La desidia de las autoridades se encargaron de que la ayuda a Pisco, Chincha, Ica, Cañete y varios distritos nunca llegara. La Comisión de Derechos Humanos de Ica ha expresado su indignación ante el poco interés demostrado por el Estado peruano para atender las demandas de miles de damnificados, en una clara vulneración de sus derechos humanos, los cuales está en obligación de garantizar.
Durante este tiempo se ha vulnerado el derecho a una vivienda digna, urgente para la mayoría de personas damnificadas, no solo por la falta de apoyo a su reconstrucción, sino para el acceso a una, pero además a la discriminación sufrida a través de los programas sociales implementados por el gobierno, a los cuales pocos han tenido acceso por su condición humilde y por la falta de apoyo para el saneamiento de sus predios.
Bono S/.6,000
Cerca al muro de la “vergüenza”, una pared enorme bautizada con ese nombre por los pobladores sureños, habita Fernando Felipa Miñán, un humilde pescador de 57 años que vive en la cuadra 5 de la calle Comercio, en Pisco, ciudad epicentro del terremoto. Este hombre sólo recibió S/.1,000 de los 6,000 que debió recibir. Con este hay numerosos casos. Y es que la reconstrucción del sur, iniciada en el gobierno de Alan García, tiene «varias irregularidades, como en la entrega del bono 6 mil», comenta desde Lima, el presidente de la comisión que investiga la reconstrucción de Ica,Rogelio Canches.
«El bono 6 mil debía haberse entregado a unos 61 mil 738 damnificados pero solo lo recibieron unos 28 mil 353. ¿Y lo que falta? Los 33 mil que no tuvieron el bono representan unos 200 millones de soles y estamos investigando si este monto ha sido invertido en las obras de reconstrucción», precisó el parlamentario.
Muchas personas ya están cansadas de pedir ayuda y varios son las que ya perdieron las esperanzas, este es el sentir de algunos de los damnificados. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en estos años se ha beneficiado a 63.580 familias damnificadas de las 91.240 que perdieron sus casas, a través de los programas Techo Propio, Bono 6.000, créditos Mivivienda y Banmat.
La Comisión de Fiscalización y Control del Congreso investigó las irregularidades detectadas en la donación de alimentos, el Bono 6.000 y las obras de Forsur. “Se han detectado seis obras de reconstrucción realizadas en Pisco, Ica y Lima provincias que tendrían graves indicios de corrupción. En 30 días se presentará el primer informe de la investigación en el que se identificará a los responsables y los detalles de esas irregularidades que incluyen la presunta sobrevaloración en estas obras que fueron adjudicadas arbitrariamente”, aseguró el congresista Rogelio Canches.
Con información de: El Comercio y La República
Sobre el autor
