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Voceros de las comunidades amazónicas que serán impactadas por la construcción de la Hidrovía Amazónica se presentaron ante el Poder Judicial, y expresaron su confianza en que las autoridades se muestren favorables a su pedido de consulta del Estudio de Impacto Ambiental para dicha obra.

Foto: IDLADS

Redacción Spacio Libre
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En la audiencia realizada el último jueves 15 de noviembre, los representantes de las organizaciones y comunidades indígenas solicitan que se anule tanto una medida del Reglamento de la Ley de Consulta Previa (15° DCTF del DS N° 001-2012-MC) así como la norma que define su aplicación (RV N° 013-2016-VMI-MC), las que exoneran de consulta previa a las medidas estatales vinculadas a la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación y servicios públicos. El problema con estas normas es que al referirse a categorías muy amplias se prestan a interpretaciones generales.

Pese a ello Alonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), calificó de «importante» la disponibilidad de las autoridades judiciales «no solo de escuchar, sino de entender las afectaciones a las comunidades. El comprender la relación que tenemos los pueblos indígenas espiritualmente con el medio ambiente y el río ha sido vital para prever el grado de contaminación que puede generar más adelante la remoción de los sedimentos y las obras de dragado”,

Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de consulta tiene que garantizar la sostenibilidad y vigencia de los pueblos de la Amazonía en el tiempo, sobre todo tomando en cuenta que involucra a 14 pueblos indígenas con más de 400 comunidades en el Amazonas, el Ucayali, Marañón y Huallaga.

Esperamos que declaren fundada esta demanda y se ordene al SENACE llevar adelante la consulta previa antes de la aprobación de la resolución del EIA. Queremos confiar en que el Poder Judicial nos ayude en esta lucha para hacer que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, como la consulta previa”, agregó.

Alfonso López Tejada, estuvo en la audiencia como vocero de las comunidades nativas en representación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

También participaron Henry Carhuatocto Sandoval, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) y abogado defensor de ORPIO y AIDESEP, así como los abogados representantes de SENACE.

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