Preocupaciones por el debido proceso en el inicio del juicio del Caso Baguazo

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El Baguazo fue la mayor tragedia social en 10 años / Foto: La República
El Baguazo fue la mayor tragedia social en 10 años / Foto: La República

Redacción Spacio Libre / @spaciolibre

Tras cinco años de vivir en la clandestinidad, 52 procesados por los sucesos ocurridos el 05 de junio de 2009 en la Curva del Diablo, se presentarán en la Sala Penal Liquidadora y de Apelaciones de Bagua, en el inicio del juicio por este caso.

Entre los procesados que se encuentran con orden de captura, en algunos casos considerada injusta, se encuentran 24 indígenas awajun y wampis, que son acusados por los delitos de homicidio calificado, arrebato de armamentos, disturbios, motín y daños a la propiedad privada.

Según los abogados de los procesados, el juicio oral puede durar de dos a tres años, y no los 8 meses que se han programado, teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores las salas penales que vieron este caso, demostraron no tener la capacidad administrativa necesaria para llevar estos procesos, toda vez que existe demasiada carga procesal, no hay efectividad en el envío de las notificaciones y el escaso compromiso que puede haber de los testigos y peritos citados para este caso.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el cual brinda una serie de recomendaciones a la Corte Superior de Amazonas para garantizar el debido proceso, entre ellas, señala que la sala debe tener competencia exclusiva y que las audiencias se realicen en sesiones diarias “a fin de que el proceso culmine en un plazo razonable”, señala el informe citado por Servindi.

En dicho informe, el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, asegura que:

“En vista que el citado proceso cuenta con una pluralidad de procesados, agraviados, testigos y peritos, lo que hace previsible una cantidad considerable de audiencias, se debe adoptar medidas que permitan realizar sesiones diarias”.

Sugiere por lo tanto que la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, dedique el tiempo necesario a este caso, dada la alta carga procesal que mantiene actualmente y que puede dilatar el proceso que después de cinco años de los hechos recién se iniciará el 14 de mayo próximo.

Parte de los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo / Foto: Catapa / Archivo SPL
Parte de los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo / Foto: Catapa / Archivo SPL

Juan José Quispe, abogado de los procesados ha señalado que las penas para los delitos mencionados van desde los 6 años hasta la cadena perpetua. Sin embargo, hay preocupación porque las pruebas de absorción atómica han demostrado que ninguno de los acusados disparó armas de fuego.

Todos los indígenas comprendidos en el proceso tienen diferentes medidas restrictivas, y hay dos que están privados de su libertad: Feliciano Cahuasa, en el penal de Huancas de Chachapoyas y Danny López, con arresto domiciliario en Bagua. Cuatro involucrados tienen orden de captura, y cuatro enfrentan un doble proceso (uno por el caso de la desaparición del mayor Bazán, y tres por el de la Estación 6.)

Respeto del derecho a la defensa de los procesados
El Colectivo Soy Bagua propone medidas concretas para garantizar este derecho:

  1. Que se reduzcan los tiempos del juicio oral. Que se programen más audiencias con una mayor duración.
  2. Que los 52 procesados no tengan que estar presentes obligatoriamente en todas las audiencias, y que puedan ser representados por sus abogados.
  3. Que la justicia se adecúe a las particularidadeas culturales de los procesados, enmarcándose dentro de los principios de la justicia intercultural. Por tanto, se exige la presencia de intérpretes awajun y wampis de manera permanente a lo largo del proceso.
  4. Que la sala autorice que todo el proceso se pueda filmar.
  5. La presencia de veedores internacionales como Amnistía Internacional, la Unión Europea, Wola, y Amazon Watch.
Última imagen del Mayor Bazán desaparecido en acción / Foto: Archivo El Comercio
Última imagen del Mayor Bazán desaparecido en acción / Foto: Archivo El Comercio

Para recordar

¿Qué fue lo que ocurrió el 05 de junio de 2009 en la Curva del Diablo? Al respecto, reproducimos un resumen elaborado por el Colectivo “Soy Bagua” que manifiesta que el Poder Judicial ha responsabilizado a los indígenas y mestizos, cuando lo que ellos hicieron fue defenderse luego de que la PNP intentara desalojarlos de manera violenta de la carretera Fernando Belaunde, a la altura de la Curva del Diablo.

“Los indígenas habían bloqueado la carretera como medida de fuerza, y como apoyo a la protesta amazónica que exigía la derogatoria de varios decretos leyes aprobados por el segundo gobierno de Alan García. Los indígenas consideraban que éstos atentaban contra su derecho al territorio, a su identidad y a su vida. Sus reclamos estaban amparados por el Convenio 1969 de la OIT que, en sus artículos 6 y 7, obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se den normas que relacionadas con sus derechos.

También los amparaban las conclusiones de una Comisión Multipartidaria del Congreso que, en diciembre de 2008, propuso la derogatoria de los diez decretos por considerarlos anticonstitucionales.
El desalojo fue parte de un operativo de tal envergadura que es imposible que no se haya diseñado sin intervención de las autoridades civiles a cargo de las fuerzas del orden. Por lo tanto, tienen grave responsabilidad en lo sucedido el entonces presidente Alan García, su premier Yehude Simon, y las ministras del Interior y de Comercio, Mercedes Cabanillas y Mercedes Araoz, respectivamente”

Foto: CATAPA
Foto: CATAPA

Cabe recordar que durante el gobierno aprista, el mismo Alan García calificó a los indígenas como «ciudadanos de segunda categoría», minimizando el justo derecho de quienes veían que sus demandas no eran atendidas. De otro lado, en vez de darse sanciones penales o políticas no hubo mejor idea que condecorar a una de las responsables políticas del hecho. A los pocos meses de los sucesos, la Policía Nacional condecoró a Mercedes Cabanillas con la orden del Corazón Policial. 

Asimismo el gobierno de García Pérez emprendió una persecución contra las radios que se encargaron de cubrir la información de lo que pasó en Bagua, entre ellas Radio La Voz de Bagua y Radio Oriente de Yurimaguas, quienes vieron canceladas sus licencias por supuestos problemas administrativos, sin embargo existían muchas dudas respecto a la veracidad de esas irregularidades. 

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