[Opinión] Ordeñados, etiquetados e indignados (Parte 2)

Cuestión de leche / Foto: Agencias

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Esta es la continuación de la típica obra peruana complicada en demasía en tiempo récord, donde una causa justa se mezcla con el populismo y la política peruana (que a veces son lo mismo). Para leer los primeros dos actos, haz clic aquí.

Cuestión de leche / Foto: Agencias

Por: Carlos Zúñiga (*)
@kno_z

Tercer Acto
Protejan a los ganaderos

Transformado el problema frente a la opinión pública de un tema de información en otro de salud, era solo cuestión de tiempo para que una industria involucrada en el negocio de la leche, la ganadera, saque provecho de una situación que golpeaba a su principal comprador, Gloria. Una Ley que agrupaba cuatro Proyectos, tres de los cuales hablan hasta en su título de impulsar la industria ganadera, fueron agrupados y votados en el Congreso con una celeridad increíble, prohibiendo la importación y uso de leche en polvo en la preparación de leche evaporada.

Los argumentos centrales en el debate del Pleno fueron que, si no se aprobaba, los consumidores íbamos a seguir tomando productos que supuestamente hacen daño y que teníamos derecho a saber lo que consumíamos. Dichos argumentos son evidencia de dos problemas señalados más arriba: la incorporación en el debate de información falsa como la afectación a la salud (azuzada por posiciones contra todo tipo de tecnificación alimentaria) y el uso de un caso de falta de información para impulsar soluciones que no resuelven esta problemática. La Norma puede ser o no proteccionista, y se puede discutir sobre si la industria ganadera requiere un impulso desde el Estado, pero nuestro interés es analizarla únicamente desde la perspectiva del impacto al consumidor, pues se nos ha vendido como en nuestro beneficio.

Se ha determinado en una arena política un asunto absolutamente técnico que tiene que ver con procesos alimentarios, prohibiendo la fabricación de un producto inocuo y nutritivo sólo porque podría no llamarse “leche”. Es decir, se está corrigiendo un problema de etiquetado con una prohibición de fabricación. El hecho de que una leche reconstituida pueda no tener el mismo valor nutricional que una leche evaporada proveniente de leche fresca no es indicador alguno de un supuesto peligro. Prohibir estos productos en vez de normar sobre su correcto etiquetado lo único que logra es que contemos con una alternativa menos en el mercado de un producto que en principio nunca representó peligro alguno para nuestra salud.

El cambio en el proceso de producción también podría llevar a un encarecimiento de las alternativas restantes, costo que siempre se traslada al consumidor. El impacto de dicho escenario lo expusimos más arriba: gente con menos capacidad adquisitiva es más sensible a incrementos pequeños en el costo de canasta básica, de la que la leche evaporada, o sus contrapartes reconstituidas o mezcladas, forman parte importante.

No se puede asegurar que la leche vaya a subir de precio, tal como aseveró el congresista Del Castillo durante el debate, pero tampoco podemos asumir que eso no pasará, como hizo a su vez el defensor de su rápida aprobación Yonhy Lescano. Justamente de aquí viene la necesidad de medir el posible impacto en los consumidores antes de pasar una norma como ésta antes de aprobarla: Si la finalidad de la propuesta hubiera sido el consumidor, en vez de apuro, se habría impulsado su vuelta a comisiones o, en último caso, no se hubiera exonerado de segunda votación. Lamentablemente, ese no fue el caso, saliendo como único beneficiado inmediato cierto gremio industrial con una norma que, a pesar de haber sido impulsada en nuestro nombre, nos deja en la incertidumbre.

¿El reglamento lo es todo? / Foto: Andina

Cuarto Acto
De Ley Pura Vida, Reglamento Chatarra

Otro tema que inevitablemente correría la ola de la leche fue el impulso de la publicación del reglamento de la Ley de Promoción para la Alimentación Saludable de Niños, Niñas y Adolescentes (30021). Los grupos interesados en su rápida publicación sin revisar siquiera la efectividad de la Ley, aducían que esto resolvería el problema del etiquetado en las evaporadas, afirmación absolutamente falsa, pues respecto a información en el etiquetado, dicha norma sólo legisla sobre la presencia de advertencias de exceso de ciertos micronutrientes críticos.

El Ejecutivo, viéndose arrinconado frente a la opinión pública que esperaba “acción”, fuese que contribuyera a resolver el problema de etiquetado o sólo pareciera resolverlo, no solo reglamentó al fin la Norma Técnica Peruana para Lácteos, sino que además publicó este reglamento inspirado en su análogo chileno -caso usado de ejemplo hasta el hartazgo por estos grupos de interés- aunque hoy sea esta decisión sea materia de cuestionamientos.

Fue por estas inclusiones que empezaron las manifestaciones en contra de dicho reglamento. Hasta cierto punto es entendibles, pues este decreto modifica la Ley de la que se desprende, estableciendo parámetros distintos a los contemplados en ella. Lo que debemos preguntarnos a continuación es por qué no se usaron entonces aquellos que ya estaban señalados, por qué el Estado se compraría gratuitamente otro pleito.

Para entenderlo, debemos hablar primero de la “Consulta de Expertos” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta consulta, en la que participaron no solamente técnicos, sino incluso abogados -incluyendo al autor de la ley, hoy su acérrimo defensor- fue diseñada para restricciones publicitarias y parte de la premisa de que las cantidades “normales” no existen. Es decir, si no es “bajo en” (poco) entonces es inevitablemente “alto en” (exceso). Este es el documento que la ley establece como fuente de dichos umbrales, aplicados ya no a publicidad sino a micronutrientes tales como grasas saturadas, azúcar y sodio. Este es también el documento que el Colegio de Nutricionistas (CNP) llama “los parámetros de la Organización Mundial de la Salud que no fueron respetados y que supondrían una emergencia para la salud”.

Claro que también están los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS)… ¡que son otros! No es que el CNP esté mintiendo, es solo que está omitiendo convenientemente que las recomendaciones que defienden son las de un organismo regional (OPS), diseñadas para otro uso y distintas a las del Codex Alimentarius, organismo creado por la OMS y el Organismo Mundial para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para ser la institución mundial dedicada a los estándares alimentarios. Esta institución tiene una aproximación diametralmente opuesta al etiquetado: si es más sano de lo normal, por debajo de los umbrales establecidos, debe ser indicado como “bajo en”. Esto promueve la educación alimentaria, la compra responsable y, en última instancia, las decisiones saludables. Este indicador positivo también está ausente en la ley materia del reglamento.

Cuando menos resulta curioso que la Ley esté diseñada no sólo para prescindir de los parámetros de la institución mundial especializada en parámetros, sino que bloquee cualquier posibilidad de actualizar dichos parámetros con una fuente distinta a aquella que puso al mismo autor de la ley como “experto”, incluso si la fuente es un organismo imparcial, científico y técnico como lo es el Codex Alimentarius.

El problema entonces va revelándose: El reglamento difiere de la ley pero porque incorpora experiencias positivas regionales, celebradas incluso por los hoy detractores del reglamento, que subsanan parámetros incompatibles con la realidad de consumo (y que difieren de todo lo aplicado en otras legislaciones). Pero adicionalmente subsana otras ausencias, como la conversión del “Observatorio de Obesidad” en un “Observatorio de Nutrición” que corrige la imperdonable ausencia en la ley de establecer medidas para combatir dos de los tres males alimentarios más prevalentes en el País (anemia y desnutrición). El reclamo para que este reglamento sea anulado entonces deja de verse como una defensa de la formalidad y empieza a parecer el intento de acallar la cada vez más evidente visibilización de los tremendos errores de su Ley.

Pero así como la Norma Legal, nada es perfecto: el Decreto Supremo copia también algunas medidas cuestionables, como los 39 meses de adecuación a la segunda etapa de la norma, parecidos a los tiempos chilenos, que en ninguno de los casos tiene una explicación que salte a simple vista.

Infografía: La República

Es así que, abriéndose la discusión a pesar de los intentos de acallar el debate de parte de los defensores de la ley, es que ganamos los consumidores y la niñez peruana: Se han presentado a la fecha 3 iniciativas que buscan ya no sólo el ajuste del reglamento sino la modificación de la Ley para subsanar sus fallos: El congresista Heresi propone incorporar un etiquetado nutricional y mejorar definiciones y criterios técnicos; Salaverry, incluir un etiquetado que también informe sobre cantidades bajas y medias para informar mejor al consumidor en la cara frontal de las etiquetas; Lescano, validar por ley los nuevos parámetros e incorporar la comida procesada no industrializada, que es parte de ese 90% de la dieta diaria sobre la que la 30021 simplemente no actúa.

EPÍLOGO
Al final, como siempre, ganamos algo y perdemos algo. En este caso, al fin se abrió un debate sobre la llamada “ley chatarra” que, aunque de chatarra sólo tuviera su hechura, algunos pretendían hacernos comer con todo y errores, además de contar con un reglamento temporal de salud alimentaria funcional. Lástima que para ello hayamos perdido otra vez la oportunidad de diseñar un mejor marco de información para el consumidor que vaya más allá de lo que la NTP de lácteos pudiera aportar, y de tener que aguantar una Ley impulsada en nuestro nombre para beneficio de un gremio empresarial (los ganaderos).

Habrá que estar atentos a cómo evolucionan cada uno de estos temas, porque en el Perú, la tragicomedia nunca termina, aunque tengamos al término de este cuarto acto el escenario lleno de claveles rojos, esos que solían ser el símbolo de la leche otrora “preferida del Perú”.

Presidente de Elegir – Asociación de Defensa del Consumidor

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