1996: Organizaciones locales de mujeres y derechos humanos comenzaron a informar sobre abusos.
1996: CLADEM, realiza la investigación Silencio y complicidad: Violencia contra las mujeres en los servicios públicos de salud en el Perú, donde encuentran los primeros indicios y evidencias sobre los abusos respecto a la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996–2000 (PNSRPF).
1997: Organizaciones feministas empiezan a hacer llegar a la Defensoría del Pueblo información sobre las primeras denuncias de casos de EF.
1997: CLADEM presenta queja contra el Hospital Rural de Tocache, pues la señora M.M.C. había fallecido, presumiblemente, a consecuencia de la ligadura de trompas. Por otro lado, la señora B.A.S., quien también había sido esterilizada en el Hospital Rural de Tocache, sostenía no haber recibido la consejería previa a esta clase de intervenciones quirúrgicas, y haber tenido complicaciones después de la intervención, sin que fueran debidamente atendidas.
1997: CLADEM remitió a la Defensoría del Pueblo un video con los testimonios del viudo de M.M.C., de la señora B.A.S., así como de otras vecinas.
1997: La República y El Comercio sacan a la luz una serie de hechos que revelaban abusos y condiciones preocupantes en provisión de AQV.
1998: DEMUS informa a Defensoría del Pueblo sobre caso de la señora M.G.E.O. -mujer esterilizada el 14 de octubre de 1995 en el Hospital Belén de Trujillo, intervención que le ocasionó una serie de complicaciones que motivaron su fallecimiento una semana después- la cual, además, fue publicada el 07 de junio de 1997 por el diario «La Industria» de Trujillo.
06-03-1998: MINSA introduce el plazo de 72 horas para reflexionar sobre la intervención quirúrgica.
1998: Informe Defensorial Nº 7 se establece un sistema de vigilancia y seguimiento especial de las quejas y denuncias y se emite recomendaciones al Estado.
1999: Informe Defensorial Nº 27 se emite por los nuevos casos de violaciones.
1999: Investigación de CLADEM “Nada Personal” – Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú 1996-1998, señala las severas violaciones a los derechos humanos de las mujeres afectadas por la EF.
1999: Organizaciones feministas y de derechos humanos: CLADEM, DEMUS, APRODEH, CEJIL, CRR, denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el caso María Mamérita Mestanza.
25-10-2001: Se apertura la Subcomisión encargada de investigar EF 1990-2000, presidida por el Congresista Héctor Chávez Chuchón.
09-09-2002: Congresista Héctor Chávez Chuchón presenta Denuncia Constitucional Nº 151 contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, por el delito de genocidio y otros. A la par lo presentó también ante la Fiscalía de la Nación.
27-01-2003: Fiscalía especializada en DDHH inicia investigación preliminar por genocidio y otros.
17-03-2003: En sesión plena se decidió archivar la Denuncia Constitucional Nº 151.
13-08-2003: Congresista Dora Núñez Dávila presenta Denuncia Constitucional Nº 269, contra el ex presidente Fujimori y sus Ministros de Salud, por delito de lesa humanidad en la modalidad de tortura, lesiones graves seguidas de muerte, secuestro y asociación ilícita para delinquir.
26-08-2003: Estado peruano firmó Acuerdo de Solución Amistosa del caso de María Mamérita Mestanza, donde se comprometió a investigar y sancionar los hechos para brindar justicia y reparación a los/las familiares de Mamérita, reconociendo su responsabilidad de las esterilizaciones ante la CIDH.
09-03-2004: Fiscalía de la Nación remite el acuerdo de solución amistosa a la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos que dispuso la apertura de investigación en la misma fecha.
23-07-2004: Fiscal de la Nación, Dra. Adelaida Bolívar, en la investigación preliminar N° 203-2001, resolvió No Ha Lugar Formular la Denuncia Constitucional contra ex presidente Alberto Fujimori por delito de genocidio y otros.
14-12-2005: Congreso remite la denuncia a la Dra. Adelaida Bolívar, Fiscal de la Nación, para que se abra investigación ya que había caducado el beneficio del antejuicio político.
29-05-2007: Primera Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada acumula la investigación al Caso Nº 18-2002, donde ya existían alrededor de 2000 agraviadas.
26-05-2009: Fue archivado por el Ministerio Público el Caso Nº 18-2002 que contiene a las 2074 mujeres agraviadas incluyendo a las 18 fallecidas. En el archivo se señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal no se habrían configurado o están prescritos. En este caso estuvieron denunciados como responsables tres ministros de Salud del régimen fujimorista: Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa Bauer –dos de ellos actuales miembros del equipo de Fuerza 2011-.
29-05-2009: DEMUS presentó su recurso de queja contra dicha resolución.
11-12-2009: Primera Fiscalía Superior Anticorrupción declaró infundado los recursos de quejas, tanto el de DEMUS, como el de la Procuraduría del MINJUS y del IDL.
11-06-2010: DEMUS presenta su nueva petición ante la CIDH por los casos de CERD y LVCH, para que las víctimas de esterilizaciones forzadas tengan acceso a justicia y reparación.
Sobre el autor
Francisco Pérez García
[…] Publicado originalmente en Spacio Libre […]